Mayo de 2018 – (Mexico City / Nueva York) El reiterado fracaso de las autoridades mexicanas para investigar y procesar adecuadamente crímenes atroces está íntimamente ligado a la corrupción endémica, y requiere una respuesta internacionalizada, afirma un nuevo informe publicado hoy por la Open Society Justice Initiative en colaboración con ocho organizaciones mexicanas de derechos humanos.

El informe “Corrupción que mata” sostiene que “la participación y el apoyo internacional serán esenciales para combatir la obstrucción política y los intereses partidistas que actualmente incapacitan al disfuncional sistema de justicia en México.”

Se propone la creación de un mecanismo de rendición de cuentas basado en el país, con expertos nacionales e internacionales que tendría un mandato de investigar de forma independiente y, cuando sea necesario, perseguir crímenes atroces y actos de corrupción relacionados con estos crímenes.

James A. Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, dijo: “La sociedad mexicana sabe que el sistema de justicia no funciona y está ya cansada de excusas. Cuando el sistema local falla, la respuesta usual es recurrir a las autoridades federales. Pero cuando el sistema federal tampoco funciona, la única respuesta es mirar hacía la comunidad internacional”.

Benjamin Cokelet, director ejecutivo del grupo mexicano de responsabilidad corporativa y derechos humanos PODER, dijo: “Este informe resalta algunas formas en que intereses ilícitos capturan al estado, dejando al sistema de justicia impotente frente a la violencia que amenaza la vida cotidiana de muchos mexicanos. Necesitamos desmantelar las redes delictivas que han atrapado al estado y, para lograrlo, necesitamos asistencia internacional”.

El informe de 78 páginas examina evidencia creíble que señala actos de colusión entre ciertos funcionarios públicos y miembros del cártel de los Zetas en la perpetración de posibles crímenes de lesa humanidad en Coahuila entre 2009-2012. En particular, examina dos de los episodios más brutales perpetrados por los Zetas en Coahuila durante el auge de ese grupo: el asesinato de aproximadamente 300 hombres, mujeres y niños en el municipio de Allende y otras localidades cercanas; y la desaparición y asesinato de un estimado de 150 personas dentro de la prisión estatal de Piedras de Negras durante el período 2009-2012, cuando esta prisión sirvió como un centro de operaciones de facto para los Zetas.

El informe también examina cómo las recientes reformas al sistema de justicia en México -en particular, la creación de una nueva Fiscalía autónoma y el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción- actualmente no brindan la independencia o competencia necesaria para investigar los crímenes atroces o las redes de corrupción entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La aparente colusión de funcionarios públicos con el crimen organizado en la perpetración de crímenes atroces y los fuertes vínculos que ellos tienen con autoridades de alto nivel, ponen en duda la capacidad del gobierno mexicano para investigar y perseguir de manera independiente estos crímenes.

El informe “Corrupción que mata” fue elaborado por Open Society Justice Initiative en asociación con ocho organizaciones mexicanas: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras/Coahuila, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación.

El informe se presenta en una conferencia en la Ciudad de México en la Universidad del Claustro de Sor Juana, organizada por Open Society Justice Initiative con el apoyo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción junto con El Colegio de México, el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y la Universidad del Claustro de Sor Juana.

“Corrupción que mata” da seguimiento a informe presentado en 2016 por Open Society Justice Initiative, Atrocidades innegables, publicado junto con cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos, que encontró una base razonable para creer que las fuerzas federales mexicanas y los miembros del cártel de los Zetas perpetraron crímenes de lesa humanidad. El informe también examinó por qué ha habido tan poca rendición de cuentas por estos crímenes, y concluyó que la obstrucción política en múltiples niveles era el principal impedimento.

Casi tres años después, la situación en México se ha deteriorado aún más. En 2017, México experimentó su año más violento en dos décadas, con más de 25,000 homicidios (superando, incluso las cifras de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos han aumentado considerablemente. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas en México han sido reportadas en los últimos seis años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal – un hecho reafirmado a comienzos de 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

La conferencia se lleva a cabo en paralelo con la apertura de un “pop – up” de exposiciones temporales en la Ciudad de México con el apoyo de Open Society Foundations, que busca promover el debate público y la discusión sobre la manera en que las políticas de drogas afectan a las comunidades alrededor del mundo.
El Museo de Política de Drogas (museumofdrugpolicy.org), abierto de viernes 4 de mayo al domingo 6 de mayo, presenta más de 80 piezas de 26 artistas de nueve países diferentes, incluidos 12 artistas de México. La exposición de la Ciudad de México es la cuarta presentación, después de Londres, Montreal y Nueva York.