Índice político Francisco Rodríguez

Sí se puede aplicar retroactivamente la ley; lo exige el interés público

«Ya está muy viejo el loro pa’ enseñarlo a hablar», dice el conocido refrán popular. Quizá se refiera, entre otras cosas a una vieja disputa que existe entre juristas y tinterillos sobre la interpretación y aplicación de las leyes. Y es que, en efecto, cualquiera puede recitar de memoria el contenido de las letras negras de la Ley. Es el loro viejo que representa a los viejos intereses.

Lo que no cualquiera puede hacer es conocer el espíritu que anima a la ley, los motivos del legislador, el amplio y certero diapasón que ‎resuelve el sentido de los mandatos. Saberse de corridito las leyes es simple erudición; conocer el contenido es materia de la cultura.

Interpretarla requiere de un vasto sedimento que implica historia, modos y maneras, costumbres, tradición legislativa, uso de la memoria colectiva y todo lo que hace que los principios del Derecho tengan siempre la solución a la vacíos y a las restricciones originales en la forma y en el esquema . No es tarea menor: siempre corresponde a los intereses de la mayoría.

El fin supremo de la Ley es satisfacer el interés público, por encima de algún prurito individual… o de grupo. En función de ello, nadie debe obtener ventajas que, en justicia, no le corresponden cuando se aplasta el interés colectivo, que es el supremo. Tan fácil y tan difícil.

Una discusión zanjada hace siglos por Montesquieu, el Barón de Secondat, cuando explicó en El espíritu de las leyes los verdaderos motivos del fundamento de las democracias, cuando puso por encima de todos los poderes al equilibrio nacido de la interpretación de lo que buscaban siempre, en beneficio del pueblo.

 

Puebla, elección viciada. #Sonora, fallido albazo. #Veracruz, fiscal espurio

Esto es lo que sólo las mayorías hacen posible. Pero, ojo, también es lo que pueden exigir, en los límites de lo extremo cuando las expectativas se truecan en frustraciones. El ritmo y el rumbo de cualquier gobierno lo imprime el sentido del mandato en las urnas. Casi siempre coincide con las necesidades insatisfechas de justicia.

‎Pueden los loros quedarse mudos. Pueden los represores imponer su particular concepción de la ley, pueden, mientras puedan, retorcer sus principios. El poder y el no poder se tocan. De nada sirven las decisiones que duran lo que un suspiro, como los gases de los facinerosos.

Torcer la aplicación de le ley ya viene siendo el espasmo, la contractura de los defenestrados. Lo mismo que sucede en #Puebla, donde los poderes locales se esfuerzan por imponer una elección gubernamental viciada, que en Sonora, donde se dan los albazos para blindarse del Congreso local que viene.

O en Veracruz, donde los monarquitas locales dan los golpes de Estado necesarios para que las actuales mayorías del enjuague panperredista pongan al fiscal anticorrupción de contentillo, aunque sólo vaya a durar cuatro meses‎. Tratan de dar coletazos, de suplantar el mandato mayoritario. No saben lo que hacen.

 

Artículo 27 Constitucional, enunciado máximo que valida la retroactividad

‎Todo es inútil, forma parte de esas absurdidades que se resisten a morir, según Gramsci. Sólo prevalecerá el sentido común, porque el principio de la justicia social se basa en la posibilidad de aplicar las leyes aunque las decisiones puedan querer juzgarse retroactivas. He aquí el gran garlito. Lo demás es lo de menos.

El gran principio se encuentra, como siempre, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando sostuvo en el artículo 27, la gran fuente de las interpretaciones, que «la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público»… toda discusión sobre retroactividad se agota ante el enunciado máximo.

‎Los loros viejos sostienen que nunca se debe dar retroactividad a la ley. Hasta ahí lo clama el derecho privado. Pero se les olvida conscientemente la segunda parte del principio: «en perjuicio de persona alguna». Contrario sensu, esto quiere decir que en función del interés nacional, sí se puede.‎ Siempre se ha podido.