El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Guardia Nacional (GN) se encargará de erradicar el feminicidio pero aún permanecen dudas sobre cómo intervendrá este cuerpo militar en la problemática y cómo se garantizará que no se repitan violaciones a los derechos de las mujeres cometidas por fuerzas armadas.

En la conferencia matutina del 22 de agosto una reportera cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador “¿cuál es su estrategia para combatir los feminicidios?”. Él contestó que la Guardia Nacional debe tener una estrategia específica para este propósito, “desde la formación hasta la investigación y prevenir los feminicidios”.

De acuerdo con su declaración, ahora la política para erradicar el feminicidio estaría en manos de un cuerpo que, por su conformación entre militares, navales y policías, ha sido criticado por organismos internacionales y de la sociedad civil, además por el sinnúmero de facultades que tiene, y la posibilidad latente de que incurra en violaciones a Derechos Humanos.

Las opiniones sobre la intervención de la Guardia Nacional en la atención del feminicidio generaron opiniones divididas. Cimacnoticias consultó a expertas en violencia de género y a legisladoras sobre este tema. Algunas aseguran que la Guardia Nacional puede ser un instrumento que aporte en la erradicación del feminicidio, otras cuestionaron los problemas que podría causar ceder a las fuerzas armadas tareas ajenas a las relacionadas con conflictos armados.

La abogada feminista Patricia Olamendi aplaudió la iniciativa del presidente. “Si ellos se hacen responsables de la recolección de vivencias, de la atención a la víctima, ¡qué bueno!”, dijo en entrevista, “Yo quiero que alguien se haga cargo de la violencia de género, y la Guardia Nacional es el instrumento que tenemos. La GN tiene todas las facultades para hacerlo.”

De hecho, el Artículo 7 de la Ley de la Guardia Nacional, expedida en mayo pasado, establece que los elementos deben prevenir e investigar la comisión de delitos, “bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función.” En el Artículo 9 se detalla que puede recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la información, y detener a personas.

Asimismo, contará con unidades facultadas para preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios. La ley también regula la atención a víctimas, por ejemplo, “prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. Deberá “colaborar en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro”.

La ley específica que “la Guardia Nacional será competente para conocer de delitos federales; sin embargo, en coadyuvancia, podrá conocer de delitos del fuero común”, tales como el feminicidio, “previo convenio con las autoridades de las entidades federativas o municipales.”

Patricia Olamendi consideró que la GN puede hacer un “gran trabajo” en la prevención de feminicidios, porque éste “se anuncia antes. Es la mujer que denuncia violencia en la policía local, es la mujer que llega al hospital con una fractura.” De la misma manera, podría analizar factores de riesgo y trabajar en las zonas donde la delincuencia está muy activa en el tráfico de mujeres y el secuestro de niñas.

La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga coincidió que la GN podría ayudar, por ejemplo, en el control de órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo. Algunas fiscalías habrían expresado la falta de personal a la hora de operar estas órdenes.

Insistió en que cada municipio puede pedir ayuda específica de la Guardia, de acuerdo con sus necesidades. “Cada fiscalía en los estados sabe dónde están los focos rojos, sabe cuáles son las colonias más complicadas, sabe dónde les están llegando las chamacas por violencia familiar.” La autoridad municipal puede pedir que cierta parte de los elementos desplegados se dedique a la prevención e investigación de casos de feminicidio, según la diputada.

Sobre las preocupaciones de poner la seguridad de las mujeres en manos de una institución militar-policíaca, Briceño insistió que la Guardia Nacional “es un instrumento para pacificar y para generar confianza y no miedo”. Confió en las capacitaciones en Derechos Humanos y en perspectiva de género previstas para las y los integrantes, aunque de acuerdo con la información que ha recibido, hasta el momento el cuerpo todavía está buscando quién pueda dar estas capacitaciones.

Asimismo, la diputada resumió que el trabajo de la Guardia va ser muy observado por organizaciones sociales, medios de comunicación, gobiernos municipales y estatales, y el poder Legislativo. El presupuesto sería una herramienta muy concreta para controlarla, la otra, la rendición de cuentas. Porque “los resultados no mienten”, dijo. “Están las cifras de mujeres asesinadas, las quieren o no tipificar como feminicidios, si van al alza, no tienen manera de simular.”

MILITARIZACIÓN VULNERA DERECHOS DE MUJERES

Los procesos de militarización para la seguridad pública en el país han mostrado impactos específicos en la población femenina, que incluyen el incremento de asesinatos de mujeres. Una investigación publicada este año por la organización Data Cívica junto al área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) muestra que, a partir de finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón desplegó las fuerzas armadas como una estrategia de enfrentamiento abierto con el crimen organizado, se intensificaron y cambiaron drásticamente los modos en que son asesinadas las mujeres.

Según la investigación “Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México” en base a los Registros de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el porcentaje de asesinatos de mujeres que ocurrieron en la vía pública sobrepasaron los casos ocurridos dentro del hogar.

Antes de 2009 el estudio indica que la mayoría de las mujeres eran asesinadas en casa, a partir de entonces la mayoría fueron privadas de sus vidas en la vía pública; destacando particularmente los asesinatos de mujeres jóvenes con arma de fuego en el espacio público. “Asesinatos que –todo indica– están asociados no solo a la “delincuencia”, sino también a la militarización de la seguridad pública en el país”, se asegura en la investigación.

En datos: en 2008 la tasa de homicidios en la vía pública era de 0.7 por cada 100 mil mujeres, para 2017 la tasa creció a 2.5 casos, mientras la tasa de homicidios de mujeres ocurridos en la vivienda en 2008 era de 0.8 casos para 2017 fue de 1.5 casos.

También la investigación exhibe que los asesinatos de mujeres siguieron patrones geográficos similares a donde son asesinatos de los hombres, y que la violencia en vía pública es primordialmente armada.

Otro fenómeno documentado en el contexto de militarización del país son las sobrevivientes de tortura a manos de las fuerzas de seguridad ya sean civiles o castrenses; de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de julio de 2017 del Inegi sobre los abusos que se cometen en el período que va de la detención a la llegada a sede ministerial, la violencia sexual (específicamente la violación) estuvo presente en un 12.7 por ciento en casos de mujeres y un 4.0 por ciento tratándose de hombres.

RESERVAS ANTE LA GUARDIA NACIONAL

La Guardia Nacional entró en operaciones oficialmente el 30 de junio en zonas como Veracruz, la Ciudad de México y estados fronterizos, como en Chiapas, donde los medios de comunicación han evidenciado las agresiones que han ejercido contra personas migrantes.

De ahí que expertas como la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, mantenga sus reservas. “Hasta ahora donde había militares no ha evitado que se cometan los delitos”, opinó en entrevista con Cimacnoticias.

Aunque la defensora reconoció que la GN podría ayudar por ejemplo en la identificación de zonas de riesgo, dijo que la seguridad sería un “asunto complicado” tomando en cuenta experiencias como el caso Atenco, cuando en 2006 policías que realizaban un operativo detuvieron, violaron y torturaron a al menos 26 mujeres; o las recientes violaciones sexuales cometidas por policías en la Ciudad de México, este mes de agosto.

Luz Estrada se preguntó qué pasó con las promesas que el presidente dio meses atrás sobre la revisión de expedientes, la expedición de Alertas de Violencia de Género, y medidas urgentes, como auditorías de revisión de cómo se llevan las investigaciones. “¿Qué pasó con estas medidas?”, preguntó “¿Se contrató personal?”

La experta subrayó que lo más importante para erradicar el feminicidio sería romper la cadena de impunidad, pero “desconocemos cuáles son las estrategias de este gobierno que se diferencian de gobiernos anteriores” y advirtió que desempeño de la Guardia Nacional sólo podría ser una parte de una política pública integral para combatir la violencia feminicida.

Por su parte la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, Teresa Ulloa Ziáurriz, consideró “preocupante” el despliegue de la Guardia Nacional en general, ya que la experiencia con operaciones conjuntas, dijo, “dejaba a su paso muchas mujeres y niñas embarazadas y muchos mujeres y niñas tratadas para ser explotadas sexualmente”. Por lo tanto, habría que insistir en un Código Militar que prohíba el consumo de la prostitución, dijo.

Cuando al presidente se le cuestionó sobre la estrategia para atender el feminicidio omitió mencionar que el gobierno federal tenía acciones en la materia como el “Plan de emergencia para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México” que él mismo presentó junto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el cual considera auditorías de los casos de feminicidio, violencia sexual, familiar y desapariciones; la recuperación de espacios públicos; revisión del mecanismo de Alerta de Violencia de Género; y reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).