Un grave error que AMLO pretenda cancelar ZEE: Diputados GPPRD

  • Demandan al Gobierno Federal a mantener vigente las zonas económicas
  • Se afectaría a miles de ciudadanos con dichas determinaciones

Es un grave error y un retroceso para el desarrollo de estados como Michoacán, que el Gobierno Federal pretenda cancelar las Zonas Económicas Especiales, las cuales fueron creadas para disminuir el rezago, la pobreza y generar desarrollo económico, lo cual impactaría en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, subrayaron los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la LXXIV Legislatura Local.

En ese contexto, los diputados Araceli Saucedo Reyes, Antonio Soto Sánchez, Norberto Antonio Martínez Soto y Octavio Ocampo Córdova hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que reconsidere la permanencia de la Zonas Económicas Especiales, ya que son un instrumento de desarrollo regional y contribuyen a combatir la exclusión social en distintas regiones del país, como en el caso de Michoacán.

Recordaron que el Congreso del Estado de Michoacán demandó a la federación, la vigencia de la Zona Económica Especial Lázaro Cárdenas-La Unión, declarada mediante el decreto emitido 29 de septiembre de 2017, como instrumento de desarrollo regional y combate a la exclusión social.

Subrayaron que el pretender cancelar las ZEE por decreto y buscar enfocar los esfuerzos en una Zona Libre que abarcará de Oaxaca a Veracruz, es un atentado en contra las entidades incluidas en el proyecto de las Zonas Económicas Especiales, a las que se les quiere borrar de las acciones de crecimiento, lo cual afecta principalmente a los mexicanos de siete regiones del país.

Las Zonas Económicas Especiales son un mecanismo para buscar el desarrollo, ya que están integradas en áreas estratégicas que ofrecen un entorno de negocios propicio para los inversionistas, a través de beneficios fiscales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo, estímulos y condiciones preferenciales.

Por lo anterior reprobaron que el Gobierno Federal pretenda echar a la basura los esfuerzos que en nuestro país se han realizado en las dos últimas décadas, para dar viabilidad a la operación de las Zonas Económicas Especiales, en donde incluso se cristalizó con el marco normativo federal que se aprobó para su operación, lo que derivó en que estados como Michoacán generarán sus propias leyes secundarias en la materia.

En ese contexto, resaltaron que buscarán los mecanismos legales para exigir la permanencia de las zonas económicas, para hacer frente a los señalamientos de la federación, los cuales demuestran desconocimiento y desinterés por los estados afectados.

Para Michoacán, reiteraron que es prioritaria la permanencia de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas, ya que el puerto es la puerta de entrada de América Central hacia la unión comercial de Asia-Pacífico, que es la economía y el mercado más importante del mundo debido a que en su conjunto representa el 46 por ciento del comercio global.

Insistieron que es grave error que se cancelen las Zonas Económicas, ya que gracias a estos proyectos se promueve la inversión, se generan empleos, se combate la pobreza y marginación en las regiones en las que se ubican.

De concretar la cancelación, advirtieron que el Gobierno Federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrán que asumir los costos que ello genere, pues cifras del CONEVAL, señalan que 6 de cada 10 mexicanos que habitan en las entidades con Zonas Económicas Especiales, viven en condición de pobreza extrema; y en el caso de Michoacán y Guerrero se concentran a más de 4 millones 800 mil personas en condición de pobreza, y más de 1 millón 200 mil de ellas, se encuentran en estado vulnerable, ciudadanos que se verían beneficiados.

Tan solo la Zona Económica de Lázaro Cárdenos representa la generación de al menos 10 mil empleos directos y una derrama económica de más de 4 mil 500 millones de dólares, esto es equivalente al 60 por ciento, del presupuesto de este año para la Secretaría del Bienestar.