Como es de conocimiento público, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de construir y presupuestar el aeropuerto civil internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía sin contar con los permisos, autorizaciones, dictámenes y estudios que señalan las leyes y sin atender el mandato constitucional de ejercer los recursos públicos con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.

Como consecuencia de este acto y en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho, el colectivo #NoMásDerroches, promovió más de un centenar de amparos y obtuvo suspensiones definitivas en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (AISL).

Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, el Ejecutivo decidió invocar “el interés nacional” y decretar como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Para ello, la SEDENA solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo los siguientes argumentos:

Que el Proyecto del AISL se encuentra integrado como Instalación Estratégica.
Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.
Que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

La solicitud de revocación es la crónica de una maniobra anunciada. El 23 de agosto el Presidente de la República declaró que “… vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional” y el 29 de agosto que “[E]stamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos … para tener a tiempo el nuevo aeropuerto.

¿Debemos entender que hasta el momento de solicitar la revocación peligraban la integridad, estabilidad y soberanía del Estado Mexicano? ¿Que de haber sucedido una emergencia el Plan DN- III-E no habría podido llevarse a cabo? ¿Que los amparos impiden los entrenamientos y operaciones militares en la Base Militar de Santa Lucía? ¿Que nadie se había dado cuenta de que para garantizar la seguridad nacional hacía falta catalogar los bienes de la SEDENA como instalaciones estratégicas?

El aeropuerto militar en Santa Lucía existe desde hace casi 70 años y se encuentra en operación y funcionamiento con toda regularidad. Lo único que suspendió el Poder Judicial fue la construcción del AISL hasta que se resuelva en definitiva el juicio. Esta suspensión no afecta ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público. En todo caso, el Proyecto de construcción no es todavía un bien y no puede ser declarado Instalación Estratégica. Más aún, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.

De revocarse dicha suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

Peor todavía, generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tenemos los ciudadanos. El propio artículo 4° de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales.

El Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos.

Los mexicanos deseamos y merecemos vivir en un Estado de Derecho.