La iniciativa de reforma constitucional propuesta el pasado 4 de abril por Morena para crear una tercera Sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aumentar a 16 el número de ministros amenaza la independencia de la impartición de justicia y, con ello, los controles y contrapesos que deben existir en todo Estado democrático de Derecho.

El aumento de la cantidad de integrantes de las más altas instancias del Poder Judicial es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas. Al incrementar el número de jueces se suele abrir la oportunidad de designar perfiles afines, cercanos y obedientes. Por supuesto, este fin suele ocultarse y los cambios se justifican en términos de la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias de los poderes judiciales en cuestión. Los casos abundan y son de la más variada ideología, de Roosevelt en 1937 a Menem en 1990, o de la Venezuela chavista a los gobiernos conservadores contemporáneos de Hungría y Polonia.

En su iniciativa, Morena argumenta que “se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que […] se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales”. Aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente e insólito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El conjunto de iniciativas que tocan al Poder Judicial de la Federación pondrían a México dentro del grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas exclusivas y originarias del poder político en gobiernos de mayoría parlamentaria, como los de Polonia, Argentina Venezuela, Turquía y Hungría.

Las personas y organizaciones firmantes coincidimos en que es imprescindible combatir el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero consideramos que esta reforma no es la adecuada para lograr este fin, porque:

1) Resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente
Si bien la iniciativa no fue propuesta por el Ejecutivo, sí lo fue por el partido mayoritario en el Senado que coincide con el del Presidente de la República, y de aprobarse, le beneficiaría a él, al otorgarle la capacidad de nombrar a cinco nuevos ministros, potencialmente afines y leales. Con los dos ministros recientemente propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, el Ejecutivo probablemente contaría con el apoyo de siete votos (y con ocho a partir de 2021 cuando se retire el ministro Franco), los cuales serían suficientes, por ejemplo, para rechazar controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes promovidas por el actual gobierno, pues una mayoría de 11 de los 16 votos del Pleno sería ahora necesaria para invalidar normas generales. Con ello, leyes violatorias de derechos humanos o favorables a grupos de interés económicos o políticos podrían seguir formando parte del ordenamiento jurídico, al no haber satisfecho el requisito formal de la mayoría calificada para su expulsión. Esto preocupa porque al contar con una amplia mayoría legislativa, el Ejecutivo casi asegura que sus iniciativas sean aprobadas. Los controles y contrapesos que toda democracia debe tener constitucionalmente para su correcto funcionamiento se debilitarían de manera sustantiva.

2) No está basada en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines 
La iniciativa expone algunas cifras sobre el rezago en la Segunda Sala de la Suprema Corte. Sin embargo, las tasas de rezago de la Segunda Sala se encuentran dentro del promedio de rezago de una Corte Suprema como la nuestra. Además, la carga procesal, como se ha observado en diversos países, no se resuelve creando nuevos órganos, sino mediante estrategias de mejora de procedimientos. Sin otras evidencias más que las ofrecidas en la iniciativa, no se puede tomar una decisión informada sobre la necesidad de una nueva Sala especializada en esta materia. La motivación fundamental de la iniciativa es el ahorro de recursos monetarios consistente con la política de “austeridad republicana”. No obstante, no existe evidencia alguna de que una iniciativa de esta naturaleza contribuya a dicha austeridad, pero algunos antecedentes internacionales demuestran cómo medidas de este tipo terminan minando la independencia en la impartición de la justicia y con ello, la salud republicana.

3) Cambiaría la naturaleza de la Suprema Corte
La Suprema Corte es un tribunal de control constitucional y no de legalidad, como son la mayoría de los asuntos que tienen que ver con delitos de corrupción. Por ello, en todo caso, la creación de un tribunal de menor jerarquía para atender esos casos podría ser suficiente.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado a los senadores para no aprobar esta reforma. Sin duda es necesario reforzar la política de combate a la corrupción, pero consideramos que esto pasa por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, no por crear una nueva Sala de la Suprema Corte especializada en esta materia. Sin duda, son necesarias reformas al Poder Judicial Federal, pero con el fin de fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y blindar su independencia, no para socavarla.