Organizaciones salvadoreñas y organismos internacionales de Derechos Humanos (DH) exigieron a la Fiscalía General de la República de El Salvador, que deje de poner pretextos sin sustento, respete los derechos de Imelda Cortez y se presente el próximo 17 de diciembre en la audiencia final, donde se decidirá la situación jurídica de la joven acusada de tentativa de homicidio, luego de sufrir un parto fortuito (extrahospitalario).

En redes sociales declararon que en más de una ocasión la Fiscalía General de este país ha retrasado por cuestiones, no justificadas, la audiencia donde se decidirá si la salvadoreña Imelda Cortez será liberada luego de un año y medio que lleva privada de su libertad en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de San Miguel o condenada a casi 20 años de prisión como sentencia por el delito de homicidio agravado del que es acusada.

De acuerdo con las organizaciones salvadoreñas la audiencia estaba programa para hoy 12 de diciembre, sin embargo la Fiscalía General argumentó que la fiscal que iba a presentarse “estaba enferma” y pospuso la audiencia sin importarle que Imelda continuara privada de su libertad, por ello la defensa de la joven de 20 años de edad, pidió a los jueces que la fiscal presente una constancia que acredite tal argumento, pero hasta hoy no han tenido respuesta.

La abogada que lleva el caso, Ana Martínez, explicó en entrevista con Cimacnoticias que desde el 17 abril de 2017 cuando Imelda fue detenida en el Hospital Nacional de Jisquilisco, la Fiscalía General ha violado sus derechos de diversas formas como culpabilizarla de aborto sin pruebas científicas, presentar testimonios falsos, negarle atención médica, entre otras negligencias que a pesar de ser constantemente evidenciadas por la organizaciones, han sido ignoradas por la Fiscalía.

La abogada comentó que tras su detención, Imelda, con apoyo de las organizaciones, denunció el 25 de abril de ese año la violencia sexual de la que fue víctima durante 7 años por parte de su padrastro, Pablo Dolores. La joven narró que acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales, sin embargo la Fiscalía General no consideró su denuncia, desestimó su dicho porque el padrastro accedió a realizarse un examen genético, dijo que “ella sólo quería una excusa por su aborto” y por lo tanto, le negó la atención médica.

Añadió que a pesar de que el examen genético comprobó, el 28 de noviembre de ese año que Pablo Dolores es el padre de la hija de Imelda, la Fiscalía General se enfocó más (los meses posteriores) en recolectar evidencia que culpara a la joven del delito de “homicidio agravado”, en lugar de buscar y encarcelar a su agresor, es por ello que éste fue detenido hasta el 16 de marzo de 2018 y aún no ha sido condenado.

En sus páginas oficiales, integrantes de las organizaciones que siguen el caso de Imelda, informaron que la audiencia final de Pablo Dolores será el próximo año y esperan sea condenado con una pena larga. Ante ello, la abogada dijo que a Imelda este tema no le interesa, pues su único objetivo es ser absuelta del delito y estar con su hija, ya que el personal del penal sólo le ha permitido verla una vez en año y medio.

Resaltó que desde abril del año pasado, Imelda debería estar libre pero la Fiscalía General le negó una defensa al inventar que ésta la había rechazado e inició el proceso legal sin más, por lo que las abogadas que ahora representan a Imelda, pidieron anular el proceso pues la Fiscalía no le dio un abogado, sin embargo la dependencia solamente respondió que fue un error de dedo y el proceso en su contra siguió.

Esta semana, la defensa de Imelda buscará interponer un recurso para una audiencia que permita liberarla antes del 17 de diciembre y pueda esperarla en su casa en compañía de su madre e hija, pues los tratos que recibe dentro del penal son “malos”, se le niega atención médica y la aíslan de las demás mujeres en reclusión.

La abogada explicó que se espera que Imelda sea absuelta el próximo 17 de diciembre pero de no ser así solicitarán una audiencia especial para pedir su liberación y continuarán con el activismo en redes sociales para llamar a la participación de más organizaciones, organismos internacionales de DH y sociedad civil para poner “los ojos en El Salvador”, declaró.

Para Martínez, integrante de la organización de DH “Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador”, el caso de Imelda es un ejemplo de las muchas salvadoreñas que son criminalizadas por tener partos extrahospitalarios.

La abogada agregó que tienen conocimiento de que en el Centro Preventivo y Cumplimiento de Penas de San Miguel, donde está Imelda, existen 2 casos de mujeres que enfrentan un proceso por sufrir un parto extrahospitalario. Esta situación, dijo, demuestra cómo en El Salvador las mujeres no tienen asegurado ningún tipo de derecho, pues son encarceladas sin razón y las agresiones de las que son víctimas siempre quedan impunes.