Los procuradores amenazan con silenciar al Dr. Mercola
Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola. Datos comprobados
25 de Abril, 2021
Quieren silenciar al Dr. mercola para ocultar la verdad
HISTORIA EN BREVE
Los funcionarios del gobierno están haciendo un mal uso de sus puestos para pedir la censura de ciertos grupos, organizaciones y personas, lo que constituye una violación directa del derecho constitucional
El último ataque a la libertad de expresión proviene de dos procuradores, Letitia James y William Tong, quienes en un artículo de opinión del Washington Post amenazan a las empresas de redes sociales con consecuencias legales si no censuran a una docena de personas que se afirma son responsables del 65 % del contenido «antivacunas»
Aunque durante muchos años he sido un objetivo para las campañas de difamación de las grandes farmacéuticas, a partir del 2020 descubrí lo que significa estar bajo ataque. Estoy seguro que no estoy solo, ya que la censura aumentó para muchas personas que quieren descubrir la verdad.
En estos días, incluso los funcionarios gubernamentales electos abusan de sus puestos para solicitar la censura de ciertos grupos, organizaciones y personas, lo que constituye una violación directa de la ley constitucional, la ley más poderosa de los Estados Unidos.
El último de esta serie de ataques proviene de dos procuradores estatales, Letitia James de Nueva York y William Tong de Connecticut, quienes en un artículo de opinión del 8 de abril de 2021 en The Washington Post, declararon que «las personas anti-vacunas nos ponen a todos en riesgo» y que «Facebook y Twitter deberían prohibirlas».
De acuerdo con James y Tong, la disponibilidad de la vacuna contra el COVID-19 marca «el final de la pandemia y el comienzo de nuestra recuperación», pero «la disponibilidad de la vacuna no significa nada si no la aceptan».
Esta falta de aceptación de la nueva tecnología de terapia génica, afirman, se debe a que un pequeño grupo de personas con presencia en las redes sociales engaña al público con mentiras sobre los riesgos inexistentes de las vacunas.
“La solución no es complicada. Es momento de que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, cierren este círculo tóxico y eliminen por completo al pequeño grupo de personas que difunden esta información errónea y fraudulenta», escriben.
El informe ‘The Disinformation Dozen’
Los procuradores basan su llamado para la censura en un informe elaborado por dos grupos de dudosa reputación llamados: Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH, por sus siglas en inglés) y “Anti-Vax Watch”, los cuales no son sinceros respecto a su historia y financiamiento.
De acuerdo con el informe titulado «The Disinformation Dozen», solo 12 personas «son responsables de un 65 % del contenido antivacunas en Facebook y Twitter». Tong y James enfatizan que «deben eliminar a estas personas de las plataformas».
Pero, ¿quiénes están detrás de estos grupos? Una búsqueda en línea del grupo «Anti-Vax Watch» ofrece un único resultado para un sitio llamado antivaxwatch.org, que no es más que un simple recolector de noticias. Su sección «Acerca de» no proporciona nombres, ni indicación de quién es parte de este grupo o quién los financia.
Por otro lado, el CCDH es una organización individual con financiamiento no revelado y conexiones con instituciones lideradas por tecnócratas que apoyan el gran reinicio.
A través de sus miembros de la junta directiva, el CCDH se puede relacionar con a la Comisión Trilateral, el Consejo Atlántico, el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, “Save the Children Fund” (financiado por la Fundación Gates y por un socio de la GAVI Vaccine Alliance de Gates), el Parlamento británico, la CIA y Reuters. El presidente del CCDH, Simon Clark, incluso tiene vínculos con un participante del Evento 201 (la ex subdirectora de la CIA, Avril Haines).
El Evento 201 fue un ensayo de la pandemia del coronavirus realizado en octubre del 2019, el cual presagió y «jugó» con las contramedidas severas implementadas cuando el COVID-19 apareció pocos meses después. Curiosamente, un enfoque principal de ese ejercicio fue cómo censurar y contrarrestar mejor las narrativas problemáticas sobre el virus, el desacuerdo público con las medidas de la pandemia y las dudas sobre la seguridad de las vacunas.
Todo se trata de ingeniería social
Uno pensaría que si la salud pública fuera la principal preocupación y el ímpetu detrás de tal ejercicio, a diferencia de la transferencia de riqueza, la destrucción económica y la reforma social, se centraría en las estrategias médicas y científicas de cómo contener y controlar mejor el virus real, y no cuál es la mejor forma de contener y controlar la información del virus. La ciencia del control de enfermedades infecciosas habría sido la característica clave, no la ciencia de ingeniería social.
«Seamos claros, no hay nada de malo en hacer preguntas e investigar la eficacia y seguridad de las vacunas», Tong y James escriben. «No queremos limitar la capacidad de las personas para hacer estas preguntas importantes, pero el pequeño grupo de personas de las que hablamos solo promueve mentiras peligrosas.»
Las personas que buscan información sobre vacunas deben «buscar a expertos médicos legítimos y fuentes oficiales, como los departamentos locales de salud pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades», dicen, y agregan que:
«Como los principales agentes de la ley de nuestros estados, podemos decir que no existe el derecho de la Primera Enmienda para difundir desinformación en las redes sociales».
¿Qué es la desinformación?
El problema con este argumento es que lo que perciben y etiquetan como «desinformación» es completamente subjetivo. La definición de «desinformación» proporcionada por el diccionario “American Heritage” es: «Información deliberadamente engañosa» y «Difusión de información intencionalmente falsa para confundir o engañar».
Yo no participo en la difusión de información «intencionalmente falsa» con la «intención» de confundir o engañar. Proporcionamos información (la otra cara de la historia) que las fuentes «oficiales» y los medios de comunicación convencionales se niegan a compartir y que las plataformas de redes sociales prohíben su difusión. Ofrecemos un contrapeso a la narrativa oficial unilateral.
Con respecto a mi sitio en internet, mis artículos están referenciados a publicaciones en la literatura médica y hago todo lo posible por indicar dónde expreso mis propias opiniones.
También publiqué mi propia investigación en revistas revisadas por pares, la última de las cuales fue una revisión científica sobre el impacto de la vitamina D en la enfermedad del COVID-19, coescrito con el Dr. William Grant y la Dra. Carol Wagner, quienes forman parte del panel de expertos en vitamina D de la organización GrassrootsHealth.
Las opiniones son un discurso protegido bajo la Primera Enmienda, al igual que los informes sobre ciencia publicada, incluso si luego se descubre que esa ciencia es errónea, incompleta, o, en el peor de los casos, fraudulenta. El falso estudio sobre la hidroxicloroquina que fue publicado en The Lancet es un ejemplo perfecto.
Este estudio, que resultó ser fraudulento se reportó como un hecho en todo el mundo, por casi todos los medios de comunicación y continúa sirviendo como base para que la OMS desacredite a la hidroxicloroquina. Si la opinión y los informes científicos no fueran un discurso protegido, el propio artículo de opinión de Tong y James podría prohibirse, al igual que todos los informes de los principales medios de comunicación sobre hallazgos científicos que se han publicado.
Nadie tiene un derecho inequívoco a la verdad. Nadie «es dueño» de la verdad. No existe un solo grupo u organización en esta tierra que sepa todo, que tenga todos los hechos y que diga la verdad imparcial. A Tong y James les gustaría que creyera lo contrario. Quieren que escuche solo fuentes seleccionadas, fuentes que de forma interesante solo presentan un lado de cualquier argumento. De esto se trata la ingeniería social.
De hecho, se puede hacer que cualquier persona parezca un sinvergüenza. Los hechos se pueden tergiversar por medio de una redacción inteligente y con prejuicios ocultos. Pero, por lo general, la verdad tiende a ganar. Solo tiene que sobrevivir lo suficiente.
Ataques ilegales a la libertad de expresión
En su artículo de opinión, Tong y James admiten que tienen la intención de usar sus poderes oficiales para obligar a las empresas de redes sociales a cumplir con su demanda de censurar a ciertas personas. Si las plataformas se niegan a violar la libertad de expresión de personas seleccionadas, encontrarán algo para enjuiciar. ¿Le suena esto poco ético a alguien más que a mí?
A través de amenazas de una acción gubernamental adversa, el gobierno no puede lograr lo que la Constitución le prohíbe hacer. ~ Juez de la Corte Suprema Clarence Thomas
Como señaló el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, en un fallo del 5 de abril de 2021, en el que consideró la capacidad de las grandes compañias de las redes sociales para controlar la libertad de expresión:
«A través de amenazas de una acción gubernamental adversa, el gobierno no puede lograr lo que la Constitución le prohíbe hacer de forma directa. Bajo esta doctrina, las personas que demandan podrían tener reclamos contundentes contra una plataforma digital, si tomara una acción adversa contra ellos en respuesta a las amenazas del gobierno».
Como procuradores, Tong y James son funcionarios del gobierno y, como tales, tienen prohibido cumplir «a través de amenazas de acción gubernamental adversa lo que la Constitución les prohíbe hacer de forma directa».
En otras palabras, Tong y James no tienen el derecho legal de presionar a las empresas de redes sociales para que violen los derechos de las personas en Estados Unidos, cuando ni ellos mismos tienen el derecho legal de censurar o «restringir» la libertad de expresión. Dicho de otra manera, es ilegal que los funcionarios del gobierno presionen a las empresas privadas para que censuren la libertad de expresión en su nombre o cuando lo soliciten, ya que ellos, como los funcionarios del gobierno, no tienen derecho a infringir la libertad de expresión.
La web descentralizada sin censura es parte de la respuesta
En su comentario legal, el juez de la Corte Suprema Clarence Thomas, presenta una idea intrigante sobre cómo abordar el poder monopolístico que actualmente poseen los gigantes de las redes sociales como Facebook y Twitter, y esto sería tratarlos como servicios públicos, como por ejemplo los proveedores de servicios telefónicos, los cuales deben servir a todos los clientes, sin discriminación.
Sin duda, esa es una forma de hacerlo y tal vez sería una estrategia positiva. Más allá de eso, en realidad, necesitamos una web más a prueba de censura en general. Esto es algo que puede proporcionar una web descentralizada basada en bloqueo de cadena. En la actualidad trabajo con algunas de las mentes más brillantes en el espacio tecnológico que están comprometidas en preservar sus libertades y libertades personales.
La tecnología se enfoca en mantener la soberanía de los datos, darle control sobre sus datos y privacidad, y deshacer el sistema actual de capitalismo de vigilancia en el cual las grandes empresas de tecnología se benefician de sus datos personales y los usan en su contra al mismo tiempo. En esta Web 2.0, los monopolios tecnológicos ya no tendrán el poder de decidir a quién censurar, ni podrán mantenernos vigilados todo el tiempo.
Mientras tanto, considere deshacerse de todas las redes sociales que limitan nuestras libertades civiles y únase a las que promueven la libertad de expresión, por ejemplo, algunas alternativas a Facebook y Twitter incluyen: Gab, MeWe, Minds y Parler. Las alternativas sin censura a YouTube incluyen Bitchute, Rumble, Brighteon, BrandNewTube, Banned.video y Thinkspot.
