· El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, llamó a las Secretarías de Bienestar, de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema DIF Nacional a reconsiderar su negativa y expresó su disposición de trabajar en el cumplimiento de la Recomendación 29/2019

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamenta que, dejando de lado cualquier posibilidad de diálogo o búsqueda de entendimiento, el Ejecutivo Federal haya optado por expresar su negativa a que las cuatro dependencias destinatarias aceptaran la Recomendación 29/2019 y descalificar públicamente el trabajo de este Organismo Constitucional Autónomo, al tiempo que reitera su intención de continuar con actos que desconocen el interés superior de la niñez, y los derechos de madres y padres trabajadores y/o tutores.

“Pretender silenciar el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos mediante calumnias e infundios no es digno de una autoridad que ostente o presuma vocación democrática”, puntualizó este Organismo Nacional.

En conferencia de prensa, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, destacó que ante dicha negativa y la naturaleza de los argumentos en que ésta se sustentó, la Comisión Nacional tiene la vía expedita para solicitar al Senado de la República que requiera a las autoridades responsables las explicaciones correspondientes, así como para denunciar tales hechos y la perspectiva que tienen sobre los derechos humanos, en general; sobre el respeto a la institucionalidad democrática, ante los sistemas regional y universal de derechos humanos, y otras instancias internacionales.

La CNDH expresó su deseo porque se replantee la postura del Poder Ejecutivo y que, honrando su compromiso reiterado por los derechos humanos, se atiendan el interés superior de la niñez y los derechos de madres y padres que están en condición de vulnerabilidad.

Ante ello, este Organismo Nacional, con el más estricto respeto a los ámbitos competenciales que la Constitución Federal asigna a cada orden de gobierno, llamó a las Secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a reconsiderar la aceptación y cumplimiento de la Recomendación 29/2019, y expresó su disposición de trabajar conjuntamente para ello.

Para esta Comisión Nacional, las principales víctimas que señala la Recomendación son las niñas y niños, madres y padres, responsables y trabajadoras de estancias infantiles, y el rechazo al documento recomendatorio las revictimiza y, además, vulnera la verdad, la legalidad y el respeto a la institucionalidad democrática que deberían imperar en nuestro país.

El Ombudsperson nacional respondió a la negativa de las mencionadas autoridades a aceptar esa Recomendación, que no vulnera ni promueve la violación a los derechos humanos; por el contrario, tiene por objeto exigir el auténtico y efectivo respeto y vigencia de los mismos frente a actos arbitrarios e infundados de poder que los transgreden. Los pronunciamientos de este Organismo Nacional, aseguró, no buscan atacar, desprestigiar o agraviar a los gobiernos, instituciones o persona alguna, sino lograr que los derechos humanos sean vigentes y que los actos de autoridad que los vulneran se pongan en evidencia, queden sin efecto y se atienda a las víctimas.

Acompañado por el Primer Visitador General, Ismael Eslava Pérez, González Pérez expresó su preocupación por la respuesta que dio el DIF Nacional al señalar que la CNDH “se atribuye la potestad de afirmar que sólo mediante las medidas que ella determina se pueden satisfacer los intereses superiores de la infancia, siendo que dicho margen de apreciación es potestad exclusiva de quien encabeza la rectoría estatal, a saber, el poder Ejecutivo, por sí y a través de sus (sic) Administración Pública Centralizada y Paraestatal”, ante lo cual enfatizó que la defensa y preservación del interés superior de la niñez es un principio y obligación constitucional y no una potestad discrecional de las autoridades, y la CNDH es el órgano del Estado mexicano al que, constitucionalmente, corresponde la protección de los derechos humanos frente a la autoridad y, para los efectos internacionales, es la institución nacional de protección de tales derechos de nuestro país.

“Sería sumamente grave –subrayó— que lo señalado en la respuesta del DIF Nacional fuera reflejo de la verdadera visión del Gobierno de la República sobre el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en México, ya que ello implicaría dejar de lado la primacía de leyes, instituciones, del respeto amplio y debido de los derechos humanos, para que una vez más se hicieran visibles, en nuestra escena pública y política, las tentaciones vinculadas al autoritarismo y al desconocimiento del Estado de Derecho. Confiamos en que las cosas no sean de este modo”.

Lamentó que tales autoridades, en lugar de haber sustentado su respuesta en argumentos objetivos, apoyados en la ley, así como en elementos verificables, hayan optado por formular una negativa basada en elementos de carácter preminentemente ideológico o político, así como por afirmar hechos que no corresponden a la realidad, para desinformar y generar en la sociedad una percepción equivocada sobre el caso, desviando y confundiendo la atención pública de las cuestiones realmente importantes y de fondo, y agregó que tales razones, más que justificar su negativa, evidencian desconocimiento de las leyes vigentes, y, en particular, del marco normativo aplicable a la actividad de los órganos que integran el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, y un desdén por la legalidad y la institucionalidad democrática.

Tras mencionar que el pronunciamiento de la CNDH es consecuencia de las 204 quejas presentadas por 5,340 personas agraviadas, puntualizó que nadie se opone a que se investiguen los casos de corrupción o las irregularidades que, eventualmente, se hayan presentado en la administración u operación de las estancias infantiles, y que tales hechos, aun cuando se hubiesen presentado, no justifican que se prive a niñas y niños, madres y padres, de la posibilidad de acceder a servicios especializados, profesionales y confiables que, por su propia naturaleza, no deben ser monetizados o compensados con la entrega directa de 800 pesos mensuales, cantidad que tampoco garantiza que efectivamente sea utilizada para el objetivo que se plantea. Los derechos humanos, dijo, deben garantizarse, no monetizarse.

González Pérez manifestó que en este caso se transgrede el deber constitucional de todas las autoridades de preservar la progresividad de los derechos humanos, no pudiéndose adoptar medidas regresivas que acoten o supriman los términos del goce y ejercicio de derechos que ya se han reconocido. El recorte al presupuesto asignado a las estancias infantiles constituye, por sí mismo, una medida regresiva que vulnera derechos fundamentales.

Subrayó que la CNDH ha sido colocada frente a un hecho sin precedentes: el rechazo concertado, directo, altisonante, desdeñoso e infundado, de la primera de sus recomendaciones al actual gobierno, referida a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles, por un gobierno que se comprometió explícitamente a respetar la autonomía, funciones y a cumplir las recomendaciones de la CNDH.

Indicó que más allá de los comunicados de prensa y de las declaraciones públicas, las instancias destinatarias de la Recomendación abonarían a la necesaria transparencia y objetividad que el presente caso demanda, haciendo públicos, conforme lo mandata el segundo párrafo del apartado B, del artículo 102 Constitucional, los escritos en los que fundan y motivan su negativa.

Al exponer las consideraciones de la CNDH sobre la negativa de aceptación de la Recomendación 29/2019, el Primer Visitador General afirmó que los argumentos de las autoridades carecen de claridad y precisión, pues lejos de sustentarse las inconsistencias señaladas, se advierten indicios de que carecen de elementos objetivos que avalen su validez. En todo caso, como se ha referido, deberán presentarse las denuncias penales y quejas administrativas que correspondan.

Rechazó enérgicamente las descalificaciones a la labor del Ombudsperson nacional por generar percepción equivocada en la sociedad, además de ser expresiones infundadas y falaces los señalamientos de que “no hizo nada” ni “tampoco exigió justicia” en los casos de Tlatlaya, Tanhuato, Ayotzinapa y Guardería ABC, ni ante la inseguridad y proliferación de fosas clandestinas, hechos que no guardan relación alguna con la mencionada Recomendación.

Respecto de la afirmación implícita de que la CNDH encubre actos de corrupción, señaló que es inaceptable que intenten desautorizarla para evitar asumir una responsabilidad y destacó que es falso que aceptar la Recomendación implique tolerar actos de corrupción o irregularidad

alguna, ya que no se busca inhibir la investigación de cualquier ilícito que en el manejo de los recursos públicos se hubiera cometido.

Acerca de que en la citada Recomendación la CNDH solicita que se violenten derechos humanos, es afirmación falaz e infundada, ya que en ninguna parte de la misma se solicita la desprotección de personas o grupos, y mucho menos la transgresión de sus derechos. Es obligación primaria de las autoridades observar los ordenamientos legales y no puede afirmarse frente a su inobservancia que la Comisión Nacional pretenda que la Administración Pública vulnere los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.

Eslava Pérez apuntó que al menos 6,620 personas menores de edad no fueron censadas por la autoridad para recibir los recursos del Programa de Apoyo al Bienestar, y no se descarta que haya más, en tanto que en el censo de beneficiarios de dicho programa que está en la página web de la Secretaría de Bienestar aparecen 188,060 personas sin indicar si se trata de madres y padres o niñas y niños, tal cifra no coincide con la señalada por esa Secretaría en su respuesta de no aceptación, donde señala que “sólo se pudo identificar a 213,437 niñas y niños de 310,617 que se buscaron, es decir, no se pudo localizar a 97,180 infantes”, por lo que no existe certeza respecto del señalamiento sobre niñas y niños que no se pudieron localizar.

Expresó que los argumentos de las autoridades por eventuales riesgos en las estancias, son infundados para justificar la negativa a la aceptación de la Recomendación, porque en ella, la CNDH propone fortalecer las acciones en materia de protección civil y seguridad, labor que implica la corresponsabilidad entre las autoridades y los responsables de las estancias infantiles, sean éstas de naturaleza pública, privada o mixta.

En cuanto a que el Programa de Estancias Infantiles no se canceló y solo cambió de nombre, es una afirmación insostenible y engañosa, pues hubo cambios en el mecanismo de entrega de apoyos y existió un replanteamiento de las Reglas de Operación, e incluso la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria menciona que se trata de una mecánica diametralmente distinta al de su antecesor. Y afirmar que, con la entrega directa de recursos a las madres, padres y/o tutores del Programa de Apoyo al Bienestar se da cabal cumplimiento al principio de progresividad, la CNDH expresa en su Recomendación la preocupación por la falta de mecanismos para verificar que los recursos se destinen al pago de servicios de cuidado y desarrollo.

Al respecto, la CNDH no prejuzga ni formula juicios de valor, como sí lo hacen las autoridades, sobre la actuación de madres, padres y familias mexicanas, ya que solo señaló la existencia del riesgo, con base en datos sobre niveles de pobreza, de que las transferencias económicas directas no se destinen al cuidado de niñas y niños, sino a cubrir otras necesidades básicas.

En ese sentido, la Comisión Nacional se pronuncia por una política pública nacional que de manera progresiva permita el acceso a todas las niñas y niños en primera infancia a un sistema de cuidado con servicios de atención integral, basado en el enfoque de derechos, de género y en el interés superior de la niñez, incluyendo la participación de las y los titulares de los derechos, madres, padres, responsables y trabajadoras de estancias, autoridades y demás

actores de los sectores público, social y privado, y recuerda que el Presidente de la República refrendó públicamente su compromiso con los derechos de la niñez en la reunión que tuvo con la Directora Ejecutiva de UNICEF.

Tras éstas y otras muchas consideraciones más sobre la negativa de las autoridades a aceptar la Recomendación 29/2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, como institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos e intereses, cuya vocación y justificación última ha estado en sus más de 29 años de existencia en el servicio a México y a las y los mexicanos, continuará con la atención de este caso acompañando a las víctimas y ejerciendo su papel como contrapeso institucional ante los abusos de poder, y proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan, ayudando a que, frente a las autoridades, se haga efectivo el poder de la población ante la arbitrariedad y la ilegalidad.