Índice Político Francisco Rodríguez

Prevalecerá el interés público. Se acabó la ley de la selva

Acaban de sonar las trompetas de Jericó, y no tardan en derrumbarse las cadenas de la ignominia. Sólo no las oye quien no quiera, pues va en serio la lucha contra la corrupción, el desfalco y la rapiña. El considerar a estos delitos como graves, al igual que los electorales, tipifica la necesidad de apegarse estrictamente al interés público en todas las modalidades.

Se ponen en un lugar preeminente del tapete de la discusión el remate de la soberanía nacional y su geografía petrolera y de recursos naturales y bióticos. Los atentados contra los derechos sindicales, los intentos privatizadores de la educación y la salud pública, los tejemanejes con las obras públicas y con el presupuesto nacional.

Si la Constitución actual dice que el Presidente sólo puede ser enjuiciado por delitos de traición a la Patria, este requerimiento se enriquece con la posibilidad penal de ser encausado por robo, conflictos de interés, prevaricato y otras linduras.

Si la actual legislación sobre responsabilidades de fruncionarios los exonera después de cinco años de haberse ido de rositas cometiendo todos los estropicios, eso se acabó. No puede pagarse poniendo en la picota y en chirona tres o cuatro cabecitas descarriadas ‎que se hincharon con los asuntos de Odebrecht, OHL, socavones y otras vergüenzas.

 

Desde hace 100 años, la Constitución señala como hay que castigar a los toluquitas

No. Eso ya no podrá ser. Demasiado circo para tan pocos payasos. La exigencia de la legitimidad absoluta no se sacia con tres cabezas de turco al sacrificio en nombre de todos los demás. ‎Debe imponerse la consideración que siempre debió ser primera: el respeto al interés colectivo. El apego al mandato.

Merecen sanciones severas. No se pueden pasar por alto los actos execrables, asesinatos de lesa humanidad, remates del territorio, complicidades con delincuencia organizada ‎y narcotráfico y todo lo que usted ya sabe. Sería como tirar al caño la obligación adquirida con setenta millones de mexicanos a boca de urna.

La gravedad de los delitos de despojo al país requiere un tratamiento que está en la Constitución desde hace cien años. Es solamente la prevalencia del interés público. Así, como suena. Aunque legisladores de pacotilla, sentados en las curules a modo lo hayan ignorado. Aunque hayan fallado todas las renovaciones morales de la sociedad en las manos de Paco’s Rejas, Barrio o Gómez.

 

Les llegó la hora a los bastardos de una minoría chusca y depredadora

Esto ya debe ir en serio. La nación mexicana lo gritó en todas las plazas, en todos los templetes. Alguien tenía que oírla. No fueron palabras que se llevó el viento, menos si habían sido dichas con el desparpajo y la risa oculta de los actores. Son violaciones arteras a la Ley, no sólo a su espíritu, tantas veces despreciado.

‎Aunque un rancio retroceso y desvelado patriotismo hipócrita haya disfrazado durante noventa años los intereses bastardos de una minoría chusca y depredadora. Aunque hayan querido extirpar los valores consagrados de libertad, equidad y universalidad para vaciar la democracia de contenido y postergar a la ciudadanía, les llegó la hora.

La crisis que ha padecido México las últimas nueve décadas en los terrenos económico, político, social y cultural, no ha tocado fondo. Agudas contradicciones y desequilibrios profundos la acusan. No pueden resolverse las paradojas con los mismos instrumentos políticos ni con los retintines y zarandajas de siempre.

Como nadie sacudió el enjambre, las diferencias, el hambre y la miseria se incrementaron. Una élite parasitaria se montó sobre todos los demás. Ciento treinta millones de mexicanos observan maniatados el confort del uno por ciento de la población en la cúspide de los favoritos del poder. Ausente, la justicia social, la bandera original del fallido priato.

 

Presumimos la Constitución, pero en casa le damos trato de una criada incómoda

En todas las constituciones occidentales se protege a las clases mayoritarias. México no debe ser la pavorosa excepción. En todas se considera que el interés público es el supuesto máximo de las leyes. Menos aquí. Nosotros lo decimos en todos los discursos, y lo metemos bajo alfombra cuando se trata de aplicarlo.

‎Hasta cuando los asuntos fundamentales han sido heridos por el colonizador, nos resistimos a aplicarlo, aunque forma parte de lo mejor de nuestras tradiciones jurídicas. Ensalzamos a la Constitución como la primera social del mundo, y en casa  recibe el trato de una criada incómoda.

En todas las constituciones del mundo se considera que la posibilidad de aplicar las leyes y los principios generales del derecho en forma retroactiva para resarcir el dañado interés público es absolutamente normal. Es una cuestión de simple lógica. Sin ella no se puede levantar ni reconstruir una nación.

Los fardos del pasado serían demasiado pesados. El pueblo entero no merece heredar los desatinos ni los errores de los mandarines que pasan. No es justo ni posible. Nadie puede pagar las rapiñas de los antecesores. Nadie tiene derecho a cubrirle las espaldas a un bandido.‎ Sería, como es, la Ley de la Selva.

 

Ojalá no dejemos pasar la oportunidad de hacer que prevalezca la justicia

Los delitos que se han cometido en México por las pandillas de perfumados en el poder son incalificables e incuantificables. Pero por algo debe empezarse. No es lo mismo enfrentarse a un delincuente serial que a un empoderado que ha cometido delitos de lesa humanidad, aquéllos que rebasan nuestro ámbito de jurisdicción.

Aplíquese la ley, no importa quién la aplique, siempre y cuando los beneficios de impartirla recaigan sobre la mayoría, honren la noción del interés general sobre todos los demás. Que se respeten todas sus modalidades. Para eso vivimos en una República. Para eso se organizó la sociedad.

‎Respétense los derechos de los trabajadores de la industria, el campo y los servicios. Tutélense los derechos sindicales, protéjase al consumidor, súplase la queja del desvalido, del indígena y del migrante. Es la única forma de respetar el interés público que emana de la soberanía constitucional.

Castíguese al ladrón, al especulador, al negrero, al hambreador, al acaparador, es la única forma de no volver a repetir los errores del pasado.‎ Si ésta vez los dejamos pasar, quizá no vuelva a repetirse la oportunidad de hacer que prevalezca la justicia. Todo el pueblo está atrás de estas mínimas peticiones.

El interés público está por encima de todo chantaje, arriba de toda consideración personal. Encima de todas nuestras cabezas. Es el mandato constitucional.

#México entero lo pide. Es lo menos que puede recibir.