Comunicado Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Ciudad de México, 25 de abril de 2019

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, por conducto de su Mesa Directiva, se pronuncia respecto de las reformas constitucionales aprobadas por la H. Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura en lo referente al derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica (Artículo 3°, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

  1. Enmienda de los artículos 3°, fracción V, y 73, fracción XXIX-F

El día 24 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos constitucionales en materia educativa. Entre las reformas, destacamos las modificaciones a la fracción V del artículo 3°, así como las adiciones a la fracción XXIX-F del artículo 73. Estas reformas retoman y perfeccionan propuestas presentadas por diferentes miembros de la comunidad científica y crean un nuevo marco constitucional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), el cual permitirá su mayor aprovechamiento para el desarrollo integral de nuestra nación.

La Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) reconoce la visión de futuro realizada por la Cámara de Diputados, en particular de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidida por la diputada Marivel Solís Barrera, para incorporar expresamente en nuestra Constitución el derecho humano a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.

Este derecho, que está reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encuentra ahora una expresión plena en nuestra Constitución y servirá para orientar el desarrollo de la legislación en la materia.

El mismo artículo 3° reconoce la obligación del Estado Mexicano de apoyar la investigación científica, humanística y tecnológica, así como garantizar el acceso abierto a la información que se derive de ella.

Por su parte, las reformas al artículo 73, fracción XXIX-F constitucional, constituyen un avance importante para dejar claras las facultades del Congreso de la Unión en materia legislativa referente a la CTI. En el transitorio se establece que el Congreso debe expedir una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020, tiempo suficiente para considerar las voces de los integrantes del sistema CTI.

Aún más importante, la reforma permitirá fortalecer el Sistema Nacional de CTI mediante el establecimiento de bases generales de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, al mismo tiempo que asegura la participación del sector social y privado en dicho sistema.

Conviene, finalmente, destacar que esta reforma responde a una visión dinámica de la investigación científica, la generación de conocimiento para el desarrollo de nuevas tecnologías y las propuestas de innovación de toda índole, que requieren de criterios y estructuras abiertas y descentralizadas en las que puedan participar todos los actores bajo el principio de libertad de investigación.

Por estas razones, la Mesa Directiva del FCCyT exhorta al Senado de la República para que apruebe la reforma en los términos propuestos por la Cámara de Diputados, en lo referente a CTI, y se compromete desde ahora a contribuir para el diseño de una nueva Ley General en la materia que asegure los mecanismos de coordinación que permitan a todos los órdenes de gobierno, así como a los sectores social y privado, a participar en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para realizar investigación de frontera que contribuya al bienestar de la sociedad mexicana y a resolver los problemas nacionales urgentes.

2. Plan Nacional de Desarrollo

Resulta evidente que México ha crecido desde hace varias décadas a un ritmo mucho menor de lo que requiere para atender los grandes rezagos sociales. Como lo indicó el doctor Carlos Urzúa,  Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el Foro Nacional “Planeando Juntos la Transformación de México”, los días 17 y 18 del pasado marzo: una de las razones que explican este bajo crecimiento es la falta de incentivos para fomentar el desarrollo de la CTI.

Por ello, ahora que se elabora el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, la Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico exhorta al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a:

  1. Considerar que la generación de conocimiento, su uso y aplicación son elementos estratégicos para lograr un desarrollo sustentable que promueva el bienestar de la sociedad. La CTI constituye un bien público y debe ser considerada como un eje transversal, al ser un factor habilitante para los tres ejes propuestos en el PND, a saber: “Justicia y estado de derecho”, “Bienestar” y “Desarrollo económico”.
  2. México debe incrementar el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE)  en los próximos tres años hasta alcanzar 1% del Producto Interno Bruto (PIB). En el mediano plazo, se debe considerar aumentarlo al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 2.4% del PIB. Para lograrlo, se debe acrecentar la inversión pública y privada, preservar el esquema de estímulos fiscales para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como fomentar, ampliar y fortalecer la vinculación entre los sectores público, privado y social, y en el tipo de empresas capaces de generar insumos de alta tecnología.
  3. Para superar las desigualdades y asimetrías tan marcadas entre las diferentes regiones del país, se requiere generar políticas públicas diferenciadas que apoyen el progreso integral de las entidades federativas y las regiones, basadas en el conocimiento científico y sustentado en las vocaciones, los liderazgos y las capacidades locales específicas.
  4. La educación superior es un elemento clave del desarrollo y el crecimiento. Por ello, las políticas en materia de CTI deben estar sincronizadas con las dedicadas a la educación superior en términos financieros, normativos y para la generación de oportunidades en la carrera académica.