Aprueba Comité Coordinador del Sistema Nacional anticorrupción formato nacional para la declaración patrimonial y de intereses

En el marco de los trabajos de la Tercera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), se aprobó el Formato Nacional para la Declaración Patrimonial y de Intereses propuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dicho Formato, completamente renovado, tiene impacto a nivel nacional, e integra además de la información patrimonial, la declaración de intereses de los servidores públicos.

El “Formato Nacional para la Declaración Patrimonial y de Intereses”, fue resultado del esfuerzo de colaboración entre el Comité de Participación Ciudadana y los demás integrantes del Comité Coordinador, cuyos principales objetivos son por un lado, permitir que la ciudadanía cuente con información de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal-, convirtiéndose en una elemento que facilite la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, es una herramienta que pueden utilizar las autoridades facultadas para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, ya que facilitará realizar el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos, así como identificar los conflictos de interés.

Cabe señalar que el “Formato Nacional para la Declaración Patrimonial y de Intereses” es de presentación obligatoria para todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entrará en vigor entre el 1 de diciembre de 2018 y a más tardar el 30 de abril de 2019.

Al presentar el nuevo Formato, la presidenta del CPC, Mariclaire Acosta Urquidi, afirmó que la declaración patrimonial y de intereses es una herramienta de transparencia y rendición de cuentas, que fue fortalecida con la reforma constitucional de 2015 en materia anticorrupción al ampliar el universo de servidores públicos obligados a presentarla y establecer nuevas reglas para su uso.

“A diferencia del régimen de responsabilidades de los servidores públicos anterior a la reforma, el nuevo diseño comprende la obligación de prácticamente todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno de presentar la declaración patrimonial y de intereses. Asimismo, dispone una nueva regla en cuanto a su publicidad: serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, subrayó.

Por su parte, la Titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que en el combate a la corrupción resulta indispensable conocer la evolución del patrimonio e intereses de las personas que trabajan en el servicio público y así, junto con otras acciones preventivas de fiscalización, inhibir prácticas corruptas y de enriquecimiento ilícito.

“Estos formatos y sus reglas, serán aplicables para cada una de las personas servidoras públicas que laboran en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes de la Unión, así como en los órganos constitucionalmente autónomos”, expuso.

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, voto de manera concurrente el proyecto de declaración 3 de 3 debido a que en sesión del Pleno del Instituto sostuvo cuatro diferencias en los siguientes temas:

1. Formatos. Consideró que debieron incorporarse más campos de escrutinio y pasar de 555 a 863.
2. Familiares. Consideró que los bienes patrimoniales de personas, terceros directos o indirectos sí deben tener carácter público.
3. Montos. Deben hacerse públicos los montos y saldos de las cuentas bancarias de los funcionarios, y no sólo revelar la variación en porcentaje de aumento o disminución.
4. Fecha. Destacó la relevancia de que dichos formatos entren en vigor a partir del 1 de diciembre de este año

En la Sesión que tuvo verificativo en el Auditorio Alonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), se aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador, y se presentó el Segundo Informe de seguimiento a la Recomendación no vinculante dirigida a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas, relacionada con la selección de Jueces y Magistrados.

También se aprobaron los “Lineamientos del Comité Coordinador para identificar y dar seguimiento a casos en los que se presuma la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, a fin de coordinar a los entes públicos involucrados”; la reestructuración de la Auditoría Superior de la Federación, y el Protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el Cohecho Internacional.

Asimismo, se aprobaron las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional que tienen por objeto establecer las directrices para el funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional y los sistemas que la conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexión, uso y seguridad de la información integrada en la enunciada plataforma.

También se aprobó el Análisis y recomendaciones de Identificación y Transparencia del Beneficiario Final; los Lineamientos para la emisión de Códigos de Ética en el servicio público y la Guía de Datos Abiertos contra la Corrupción, así como el Acuerdo por el que se designa el día 9 de cada mes como el Día por la Integridad.

A la sesión asistieron los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción en Pleno, integrado por Mariclear Acosta Urquidi, presidenta del Comité Coordinador del SNA; Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación; Alfonso Pérez Daza, consejero presidente del Consejo de la Judicatura Federal y Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA