Raymundo Rivapalacio. Estrictamente personal: El nuevo cártel

15/02/2021 columnista. Raymundo Riva Palacio. Estrictamente Personal. rivapa.-En el gabinete de seguridad en
Palacio Nacional, el 1 de febrero, el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, presentó
un informe detallado sobre Sangre Nueva Zeta, una organización criminal que no era nada hace dos años, hoy
asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha extendido por los territorios dominados por los
huachicoleros, en donde surgieron. Ya no se considera una banda delictiva menor, sino una estructura que en poco
tiempo adquirió fuerza, dinero, poder y capacidad de fuego, como consecuencia de la nula estrategia de combate al
crimen organizado, que la convierte en la primera de envergadura que nace durante el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Los inicios de esta organización fueron a finales de 2019, cuando aparecieron dos narcomantas en Puebla que se
atribuyó un grupo desconocido hasta entonces, Sangre Nueva Zeta, y que fue desestimado por las autoridades como
una amenaza, aunque no dejaron de investigar. Tampoco hubo mayor atención del gobierno federal y, como sucede
cuando se incurre en esta negligencia, la banda creció. Poco más de dos años después, la Fiscalía General de la
República detuvo a dos supuestos líderes de esa organización, identificados como Jalit Cano, apodado el Mamer, y
Juan Antonio González, el Barbas, a quienes buscaban por los presuntos delitos de robo de hidrocarburos, extorsión,
narcomenudeo y asalto a transporte, pero era demasiado tarde.

Sangre Nueva Zeta, que surgió de los huachicoleros que trabajaban para Los Zetas, se fue fortaleciendo y
extendiendo sus redes de influencia más allá del llamado Triángulo Rojo, que comprende los municipios poblanos de
Acajete, Acatzingo, Palmar del Braco, Quecholac, Tecamachalco y Tepaca, y se desplegó con fuerza a Veracruz y
Tlaxcala, bajo el liderazgo general de Roberto de los Santos de Jesús, apodado el Bukanas, que había entrenado a
sicarios halcones de Los Zetas. De acuerdo con reportes de la inteligencia militar, esta organización probablemente
ya también está operando en San Luis Potosí, disputándole la plaza a Los Zetas.

Desde que se empezó a convertir en un problema regional el robo de combustible, en 2012, el Bukanas figuraba
como el cabecilla de los delincuentes, sin que las autoridades federales actuaran en su contra, en buena medida
porque el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no quería hacer nada que ayudara al entonces gobernador de
Puebla, Rafael Moreno Valle, a quien veían como un peligroso adversario electoral. El nuevo gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador tampoco hizo nada contra esa banda, y ahora Sangre Nueva Zeta trabaja aliada al
Cártel Jalisco Nueva Generación, que está considerada como la organización criminal trasnacional más importante
de México y entre las principales del mundo.

Sangre Nueva Zeta, que ha extendido su portafolio de crímenes al tráfico de cocaína, robo, secuestro y extorsión,
pudo crecer porque la anunciada guerra contra el huachicoleo en diciembre de 2018 realmente no fue tal, sino que
sirvió como un recurso político para ocultar el desabasto de gasolina provocado desde la transición por las
decisiones equivocadas de quien asumió la dirección de Pemex, Octavio Romero Oropeza. El robo de combustible
no se detuvo. En agosto del año pasado, información obtenida a través de Transparencia dibujaba la otra cara del
discurso oficial. El número de tomas clandestinas fue de 934 en ese mes, 113 más que en julio. De enero a agosto
se registraron 6 mil 739 perforaciones clandestinas. Hidalgo era donde se dio el mayor número de ellas,
encabezando ese tipo de delito el municipio de Cuautepec de Hinojosa, que hace frontera con Puebla, el estado con
el segundo lugar en ese tipo de crimen.

Pemex informó que el robo de combustible se redujo en 2020 de 74 mil barriles diarios en diciembre de 2018 a 5 mil
640 dos años después, sin mencionar el aumento en las tomas clandestinas, que tuvo una tendencia al alza en la
segunda parte del año pasado, ni explicar por qué no bajaron los niveles de venta de gasolina legal en el país. Sin
embargo, datos obtenidos por la prensa vía Transparencia revelaron que, hasta otoño del año pasado, el robo de
combustible se mantenía en los mismos niveles que durante el último año de la administración Peña Nieto. Al
finalizar 2020, Puebla, junto con Hidalgo, la Ciudad de México y Guanajuato, donde se concentra la infraestructura de
distribución de Pemex, es donde mayor número de tomas clandestinas hubo.

Los reporteros Jonathan Nácar y Luis León han documentado cómo el robo de combustible se convirtió, en sólo 15
años, en uno de los negocios ilícitos más rentables, junto con el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata,
cometiéndose en la actualidad en 25 estados del país. Documentos internos de Pemex estiman que, de cada toma
clandestina, se pueden extraer 119 mil litros por año, lo que genera ganancias ilícitas, cada una, superior a los 250
millones de pesos. Adicionalmente, el huachicoleo aumenta la incidencia criminal. Sólo en Puebla, el número de
delitos como homicidios, extorsiones, secuestros y robo en carreteras, aumentó 540 por ciento durante ese lapso, y
los expedientes por extorsiones crecieron de cero a 122.

El encubrimiento del desabasto de gasolina –producto de la incompetencia del nuevo gobierno y del despido a
rajatabla y sin análisis de personal con experiencia– produjo un combate al huachicol de palabra, que
ocasionalmente ha vuelto a servir en la narrativa presidencial. Fuera del escenario que atiende a la opinión pública, la
batalla la está perdiendo el gobierno ante los grupos criminales. Lo más claro, para el público, es que la violencia no
se acabó en Guanajuato, como prometía el exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cuando descabezaron al
Cártel de Santa Rosa de Lima. Lo que no se ha visto aún es lo que presentó el director de la inteligencia civil en el
gabinete de seguridad hace tres lunes, al mostrar el crecimiento de Sangre Nueva Zeta, el primer cártel que nació en
el gobierno de López Obrador.