Procuradora ambiental de la CDMX privatizó playa cuando fue funcionaria federal
Como directora de la zona federal marítimo terrestre, Mariana Boy Tamborell entregó a una desarrollo inmobiliario de lujo el acceso exclusivo a una playa virgen en Punta de Mita y les concesionó un manglar aledaño, con lo que dejó a residentes y turistas sin paso al mar.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregó a un desarrollo inmobiliario en Punta de Mita, Nayarit, una playa virgen para su uso exclusivo, y canceló el acceso al mar para a los pobladores y turistas.
La clausura del paso público a esta playa fue promovida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de Mariana Boy Tamborrell, entonces directora general de la zona federal marítimo terrestre de Semarnat, y hoy procuradora ambiental de la Ciudad de México, funcionaria que avaló la medida propuesta por la inmobiliaria denominada Rancho Punta Mita SA.
Según la documentación recabada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa Rancho Punta Mita SA es filial del consorcio inmobiliario Grupo Dine, del empresario Fernando Senderos Mestre, propietaria del complejo turístico Punta Mita, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
El complejo de inversión inmobiliaria Punta Mita, de Grupo Dine, comprende un área de 700 hectáreas, con un millar de residencias, edificios de departamentos, hoteles y departamentos de lujo, con acceso exclusivo a 14 kilómetros de playa.
La Lancha, como se conoce a la playa privatizada por Boy Tamborrell, se ubica en Bahía de Banderas, y el fraccionamiento que la rodea es parte del complejo turístico Punta Mita.
¿Cómo apropiarte de una playa?
En el año 2016, Boy Tamborrell, entonces directora general de zona federal marítimo terrestre de la Semarnat, autorizó a Ranchos La Lancha Punta Mita SA la instalación de una «cerca» para «limitar la libre circulación» de la gente hacia la playa La Lancha.
Aún cuando la Ley General de Bienes Nacionales establece que todas las playas del país son bienes de uso común, Boy Tamborell permitió que las únicas personas con acceso garantizado a ella sean los dueños del exclusivo fraccionamiento.
Boy no accedió a una entrevista con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pero en un escrito entregado por el equipo de prensa de la Procuraduría Ambiental del gobierno capitalino, la funcionaria aseguró que la clausura del paso público a la playa La Lancha no implica su privatización.
Con la clausura del paso público, aseguró Boy, se salvaguardó «el derecho fundamental de todos los mexicanos a un medio ambiente sano», y aseguró que para garantizar el acceso de la gente a la playa La Lancha, se instaló un nuevo sendero adoquinado.
Sin embargo, el único acceso que hoy existe no es público.
