Piden erradicar trata y explotación sexual en vez de reconocer “trabajo sexual”

Ante el intento del Congreso de la Ciudad de México de regular la “prostitución” y legalizarla como “trabajo sexual”, el Frente Nacional Feminista Abolicionista lanzó una petición en línea para que el Legislativo y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, prevengan y erradiquen esta práctica y protejan a las víctimas de trata y explotación sexual.

“El fenómeno de la prostitución tratado con ligereza en aras de una supuesta postura progresista, enmascara el contenido siniestro de la trata y la explotación sexual”, advirtieron las organizaciones en su petición, disponible en la plataforma Change.org y la cual actualmente suma casi 500 firmantes.

El Frente recordó que la trata y la explotación son delitos criminales tipificados en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de estos Delitos, y que “todas las políticas que justifican, promueven o califican la prostitución como ‘trabajo sexual’ son incompatibles con la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, e incumplen los compromisos internacionalmente adquiridos por nuestro país”.

La carta se publicó después de que el pasado viernes 31 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México suprimió la fracción VII del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, que días, el 16 de mayo, había aprobado y donde en un inicio considero la “prostitución” como falta administrativa.

“Ésta es una acción importante y fundamental en el sentido de que en ésta desaparece la infracción que consistía en invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio”, dijo el diputado morenista, Eduardo Santillán Pérez, a nombre de las Comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Participación Ciudadana.

El legislador destacó la importancia de “no criminalizar el trabajo sexual voluntario”, que en una ciudad de libertades y derechos debe quedar salvaguardado, y al mismo tiempo, combatir la trata de personas y la explotación sexual.

Por su parte, en el Congreso capitalino se han sumado más voces a favor del llamado “trabajo sexual”. Por ejemplo, el 31 de mayo la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública local, para crear una “Unidad de Atención Integral a las Personas Trabajadoras Sexuales en la Secretaría de Mujeres CDMX”.

De esa manera, detalló la diputada, se garantizaría la salvaguarda de sus derechos sexuales y reproductivos, además de proporcionarles una “verdadera protección de ley” para erradicar la discriminación y exclusión de la que son víctimas. Agregó que el concepto de trabajo sexual se creó para reconocer la venta de servicios sexuales como un trabajo remunerado y sustituir el de prostitución.

Quiroga Anguiano dijo que ante la constante discriminación, también de autoridades, sería necesario reconocer que las y los trabajadores sexuales, como todos los grupos de atención prioritaria, requieren políticas públicas que busquen respaldar y mejorar la situación de personas dedicadas al trabajo sexual.

Ante esta postura, el Frente Abolicionista argumentó en su petición que “el llamado ‘consentimiento o política de elección personal’, se basa en una visión liberal occidental de los Derechos Humanos que eleva la voluntad y las elecciones individuales por encima de todos los otros Derechos Humanos y de toda noción de bien común”.

“No nos salgan con el trillado argumento de la libre elección”, escribió en un artículo Teresa C. Ulloa Ziáurriz, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), organización iniciadora de la petición. En su columna “Mujeres Cautivas” también dijo: “Se explota a quien carece de oportunidades y no llegaron a la prostitución por elección sino por necesidad”.

Las firmantes exigieron que todo acto legislativo en México debería de regirse por cinco principios: Que la prostitución no debe ser reconocida como un trabajo; que no se puede hacer distinción entre prostitución “libre” y “forzada”; que el “consentimiento” no puede ser utilizado como instrumento de defensa de los acusados o como excluyente del delito; que no se puede reglamentar la prostitución o someter a las mujeres a registros o a otros controles; y que la trata con fines de prostitución y “la explotación de la prostitución ajena” no pueden estar disociadas porque es un negocio ilícito.

Las iniciadoras de la petición, como CATWLAC, recordaron que en las experiencias de otros países el reconocimiento de la prostitución como trabajo no asalariado y su despenalización resultó contrario a la exigibilidad de derechos, porque no supone un control de la industria sexual, sino que la expande, aumenta la demanda de la prostitución e incentiva a los hombres a comprar sexo de paga en un entorno social más permisible y de mayor aceptabilidad, entre otros.

Hicieron hincapié en que el Estado mexicano se obligó a suprimir la trata de personas y la explotación sexual tanto en el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y para la Abolición de la Prostitución Ajena, como en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

El Frente Abolicionista rechazó categóricamente la reglamentación de la prostitución como trabajo, y solicitó al Congreso capitalino desechar las iniciativas que intentan reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, derogar la sanción establecida en la Ley de Justicia Cívica para las personas en situación de prostitución, al mismo tiempo que pidió diseñar políticas públicas que favorezcan la salida de la “prostitución”.