OIT aprueba primer Convenio contra acoso y violencia laboral #CDMX

El movimiento #MeToo puso de manifiesto la necesidad de generar un instrumento específico para atender la violencia y el acoso en el mundo laboral, la discusión que plantearon las mujeres en las redes sociales llegó el año pasado hasta la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que desde entonces trabajó en miras de construir un nuevo Convenio de la OIT en la materia.

Finalmente, este año en la 108a CIT, que tuvo lugar esta semana en Ginebra, Suiza, se cerró con la aprobación de un nuevo Convenio y una Recomendación sobre la violencia y el acoso en el trabajo. Con 397 votos a favor, 12 en contra y 44 abstenciones.

En el Convenio se define la violencia y acoso en el trabajo como un “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Se da pleno reconocimiento al hecho de que la violencia y el acoso en los centros laborales afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas, por lo que es un problema que debe abordarse desde las causas subyacentes y los factores de riesgo, “como los estereotipos de género, las formas múltiples e interseccionales de discriminación y el abuso de las relaciones de poder”.

También se estipula que la violencia y el acoso en los centros laborales afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad, y a su entorno familiar y social. Sobre todo, en las mujeres impide que accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente.

El nuevo Convenio de la OIT entrará en vigor 12 meses después de que dos Estados miembros lo hayan ratificado, obligando a los gobiernos que lo adopten a generar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo laboral, incluyendo la violencia y el acoso por razón de género.

Asimismo, por ser un instrumento vinculante, los Estados son responsables de asegurar un entorno de cero tolerancia frente a la violencia y el acoso en los trabajos. También otros actores del mundo laboral, como las organizaciones de empleadores y de trabajadores y las instituciones del mercado de trabajo, deben abstenerse de recurrir a la violencia y el acoso, prevenirlos y combatirlos.

La nueva normativa internacional protege a cualquier empleador y trabajador independiente de su situación contractual, se incluyen a las personas que realicen actividades de capacitación, pasantías y formación profesional, personas trabajadoras cuyo contrato se haya rescindido, realicen labores de voluntariado o busquen trabajo.

Contempla que la violencia y el acoso puede ocurrir no sólo en el lugar de trabajo, también en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo; en las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación; y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

DE LAS REDES SOCIALES A LA ACCIÓN

En octubre de 2007 se generó en Estados Unidos una oleada de denuncias en redes sociales con la etiqueta #MeToo (Yo también en español) sobre vivencias de acoso sexual que enfrenten las mujeres en su lugar trabajo y vida cotidiana.

Dos años después de las denuncias que sacudieron sobre todo a la industria cinematográfica de Estados Unidos, en México se retomó en marzo pasado la etiqueta donde mujeres sacaron a luz los nombres de sus agresores en los círculos laborales: redacciones periodísticas, centros de estudios, oficinas de la administración pública y organizaciones civiles.

Las mujeres mostraron su solidaridad con otras, otros condenaron el movimiento alegando que las denuncias “eran anónimas”, en las instituciones gubernamentales hubo pocas reacciones y en el sector privado fueron nulas.

De acuerdo con el informe “Mujer, Empresa y el Derecho 2019” del Banco Mundial en los últimos diez años en 131 economías se introdujeron 274 reformas a las leyes y reglamentaciones para favorecer la inclusión económica de la mujer; 35 países implementaron protecciones legales contra el acoso sexual en el trabajo, lo que pudo beneficiar a 2 mil millones de mujeres.