Nahuatzen En defensa de la autonomía y por la libertad de los presos políticos
En el año 2015, en un clima de violencia y ante la presumible complicidad del gobierno municipal con los grupos del crimen organizado, la comunidad de Nahuatzen decidió desconocer a los partidos políticos y por medio de asamblea conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), con el objetivo de buscar condiciones de vida dignas en la comunidad. El CCIN fue reconocido legalmente como autoridad indígena por el Tribunal Electoral del Gobierno de Michoacán y el Gobierno Federal en el año 2017 bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017.
El CCIN es un gobierno comunitario que desde su formación defiende los derechos e intereses de la comunidad y de los pueblos indígenas, encargándose de la promoción de los derechos humanos, sociales, económicos culturales y ambientales.
Producto de esta actividad de defensa, las personas del CCIN en su totalidad han sufrido una serie de agresiones, tales como difamación, hostigamiento, agresiones físicas y hasta criminalización. En noviembre de 2018 el gobierno de Michoacán encarceló a los concejales, José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y a un simpatizante del movimiento comunitario, José Gerardo Talavera por su ejercicio de defensa de su derecho a la Autonomía como pueblo indígena.
Estás acciones llevadas a cabo por el gobierno de Michoacán, evidencian un uso indebido del sistema de justicia penal, cuyo objetivo es desarticular la defensa de los derechos humanos que se ejerce desde del CCIN. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “(se) entiende que la criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos mediante el uso indebido del derecho penal consiste en la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el fin de obstaculizar sus labores de defensa, así impidiendo el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos. Además (…) La CIDH también ha observado que hay ciertos grupos de defensores y defensoras que se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones, como ocurre en los contextos de defensa del derecho a la tierra y el medio ambiente”
El proceso judicial ha estado plagado de irregularidades, los indígenas presos han sido víctimas de tratos crueles e inhumanos, incluyendo a los hijos pequeños de Antonio. Desde que fueron encarcelados se han pospuesto varias audiencias, y no han logrado determinar la inocencia o culpabilidad de los compañeros, pues los testimonios de los testigos no son congruentes y se contradicen. Los hechos de los que se les acusan nunca existieron; por lo tanto no se puede probar que José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera cometieran algún delito.
El día martes 24 de septiembre de 2019 se realizará otra audiencia en el CERESO de Uruapán, Michoacán. De respetarse la ley, y los derechos humanos de los inculpados, la consecuencia lógica sería que sean liberados ante la falta de pruebas.
