Incierta, orden de aprehensión contra implicados en caso Lydia Cacho

Sin embargo, la información no ha sido confirmada por los abogados de la periodista ni por la magistrada María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario. En la oficina de la magistrada la secretaria dijo a Cimacnoticias que no tenían área de Comunicación Social y que no estaba autorizada para confirmar o desmentir ningún dato, mientras que la organización Artículo 19, que representa a Cacho, no se ha pronunciado debido a que no ha sido notificada sobre este hecho.

Cabe recordar que Mario Marín es uno de los políticos acusados de presuntamente ordenar la tortura contra Lydia Cacho, ocurrida hace 13 años. El 16 de diciembre de 2005 la periodista fue detenida por al menos diez personas, entre agentes de la policía y agentes privados, quienes con el pretexto de una acusación penal en su contra la trasladaron, por vía terrestre, de Quintana Roo a Puebla, un trayecto de horas durante el cual fue torturada.

Las agresiones contra ella surgieron después de la publicación de “Los Demonios del Edén”, libro donde reveló la existencia de una red de explotación sexual infantil. Después de publicar su investigación, en julio de 2005 fue acusada por el empresario José Kamel Nacif Borge de difamación y calumnia.

A la par de la acusación, el 14 de febrero de 2006 se conoció la grabación de una llamada telefónica entre el entonces gobernador de Puebla y el empresario Kamel Nacif, en la comunicación este último le agradecía el favor hecho por Mario Marín Torres, refiriéndose a la tortura de la periodista ejercida semanas antes.

Aunque la presunta orden de aprehensión es nueva, la denuncia lleva casi 13 años. En octubre de 2014, cuando la periodista envió su caso al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la investigación que llevaba años en “suspenso” por fin se reactivó. Ese año se libraron dos órdenes de aprehensión contra dos policías que en 2005 trasladaron a la periodista de Cancún a Puebla.

Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19 y quien representa legalmente a la periodista, informó que hay tres policías acusados y procesados por la tortura contra la periodista: uno fue sentenciado, uno se encuentra prófugo y otra más fue capturado y lleva su proceso en prisión.

El 17 de diciembre de 2014 el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, dentro de la causa penal 50/2014, dictó formal prisión en contra de un policía judicial del estado de Puebla, José Montaño Quiroz, acusado del delito de tortura contra la periodista.

Tras una apelación, el 13 de marzo de 2018 el Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, modificó y aumentó la pena a 6 años de prisión contra Montaño Quiróz.

El policía Jesús Pérez Vargas se encuentra en calidad de prófugo al no haberse ejecutado la orden de aprehensión en su contra. En diciembre de 2018 fue detenido el policía Alejandro Rocha Laureano, quien ahora es procesado por tortura.

El abogado explicó que desde noviembre de 2018 se sumaron tres órdenes de aprehensión contra tres policías más, quienes no han sido capturados. Hasta ahora hay entre ocho y 10 personas que deben ser responsabilizadas, desde policías que ejecutaron la violencia hasta quienes dieron la orden de fabricar una acusación contra Cacho Ribeiro y torturarla, explicó.

El abogado explicó que una orden de aprehensión por tortura no prescribe porque se trata de una violación grave a Derechos Humanos y es un delito de lesa humanidad. En este caso, dijo, además, es claro que se echó a andar una maquinaria para castigar a la periodista por sus publicaciones.

Cabe recordar que en 2014 el Tribunal Unitario del 27 Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, confirmó la condena de 112 años y seis meses de prisión contra el empresario, Jean Succar Kuri, por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. El nombre del empresario salió a relucir en la investigación de 2005 de Cacho Ribeiro.

Por otra parte, el 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución donde pidió al Estado mexicano que investigara las violaciones a Derechos Humanos cometidas contra la también escritora.

En esta resolución, la primera que resolvió en el sistema de Naciones Unidas por violencia cometida por funcionarios del Estado contra una mujer periodista, el organismo llamó a las autoridades mexicanas a reactivar las investigaciones de lo ocurrido a Cacho Ribeiro, ofrecerle una compensación adecuada y despenalizar los delitos de difamación y calumnia en todas las entidades federativas.

Maldonado señaló que desde que fue notificada la resolución, todavía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República, entre otras dependencias, acordaron con Artículo 19 y Lydia Cacho, una ruta de trabajo para cumplir con las medidas dictadas por Naciones Unidas.

Hasta hora sigue pendiente la derogación de los delitos de difamación y calumnia en los estados de la República, garantizar la  protección para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos que están en riesgo y fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida en contra de mujeres.

Cabe mencionar que de acuerdo con los medios locales, la magistrada Suárez Préstamo liberó las cuatro órdenes de aprehensión luego de que Mario Marín reapareció públicamente apoyando al priista, Alberto Jiménez Merino, candidato a la gubernatura de Puebla en estas elecciones extraordinarias.

El pasado 6 de abril la periodista escribió en Twitter: “Vuelven las elecciones a #Puebla Los políticos de todos los partidos intentan usar mi caso para atacarse. Mientras tanto, vuelven el riesgo y amenazas para mí. La @FGRMexico sigue sin hacer lo que prometieron en la disculpa pública”.