#Morelia, #Michoacán.- El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM), junto con los jueces y un equipo técnico, afinan los Lineamientos que regularán el Juicio en Línea, alternativa digital que se pondrá al servicio de  la ciudadanía a partir del próximo  19 de julio; en este documento se establecen los puntos rectores para garantizar de manera expedita el acceso a la justicia administrativa en el estado de Michoacán.

De acuerdo con el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales, con estos Lineamientos se establece la directriz para el registro, difusión y consulta del Juicio Administrativo en Línea, los alcances que tendrá, así como los acuerdos, normas, y disposiciones técnicas y administrativas que serán de observancia obligada en la nueva plataforma.

En el análisis de los Lineamientos participa el Pleno del Tribunal, integrado por los magistrados Sergio Mecino Morales, Arturo Bucio Ibarra, Griselda Lagunas Vázquez, Rafael Rosales Coria y Carlos Paulo Gallardo; el secretario de acuerdos, Jorge Luis Arrollo Mares; los jueces Carlos Castillo Gamiño, Araceli Pineda Salazar y Fabricio Dorantes Romero, así como personal encargado de poner en marcha la nueva opción de acceso a la justicia administrativa.

En estas disposiciones se integran todos los artículos y consideraciones que deben observarse para garantizar que el Juicio en Línea se consolide como un servicio alterno y confiable para los ciudadanos que opten por utilizar el internet para interponer una demanda por algún acto administrativo con el que se sientan afectados por un posible abuso de autoridad.

Estos Lineamientos podrán ser consultados en la página del Tribunal www.tjamich.gob.mx , dirección electrónica en la que también se encontrará la opción para que los interesados puedan registrarse y cumplir con los mismos.

El Magistrado Sergio Mecino Morales, refirió que una vez que se ponga en marcha esta plataforma, también se realizarán campañas itinerantes de registro en diferentes municipios de la entidad para fomentar el registro de una firma electrónica, misma  con la que deben cumplir las autoridades y sus representantes jurídicos, además de los litigantes interesados en optar por esta vía para interponer demandas administrativas.