CACERÍA DE BRUJAS
CACERÍA DE BRUJAS
ARENA SUELTA
POR TAYDE GONZÁLEZ ARIAS
Los responsable de cualquier acto u omisión, de la ley, deben ser sancionados, independiente de que su actuar fuere dentro de las esferas públicas o privada, e independientes de su filiación política o partidaria.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, es un instrumento legal que debe cumplirse a cabalidad, norma que no puede estar sujeta a compadrazgos o conveniencia de persona o grupos que no comprendan del bien superior para la humanidad, que representa la justicia.
Las leyes y las normas del país, no son documentos que puedan cumplirse o no, pues el origen mismo de la ley en su filosofía y en su legislación, busca el bien común. Por lo que la persona que dañe con sus acciones o permita a sabiendas que otro lo hace, merece castigo por ello. La aplicación de la normatividad, es un asunto que rebasa los
periodos de gobierno, se trata de una condición procesal, que se debe seguir más allá de un trienio, sexenio, o de determinado número de legislaturas, pues justamente, la división de los poderes de la unión, en ejecutivo, legislativo y judicial, entre otras cosas, lo que encierra en sí, es la competencia entre cada área, y con ello el desarrollo de acciones de competencia, que conforme a Derecho deban y puedan suceder.
En la actualidad el Gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha emprendido desde la Procuraduría General de la República, investigaciones por ejercicio indebido de sus funciones, entre otros cargos, contra diversos exfuncionarios del anterior sexenio correspondiente a Enrique Peña Nieto.
La persecución hacia quienes fueron, funcionarios públicos en el gobierno pasado, podría denominar “cacería de brujas”, si es que sólo se buscara el desprestigio de aquellas y aquellos que en su momento fueron también adversarios políticos, sin embargo, con la ley en la mano y con las pruebas suficientes, a éstos actos no podrían más que definirse como justos.
Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de PEMEX y María del Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, son solo dos de los varios implicados en procesos legales por diversas supuestas irregularidades dentro de sus funciones. Y se tratan de dos acusados, de los que se manejan muchas hipótesis, entre las que se dicen que si les cubrían las espaldas a alguien, que si solo ejecutaban ordenes, o si es que actuaron solos. Como sea que fuera, si es que existe la manera de poder probar que se actuó de manera ilegal, las autoridades correspondientes no deben hacer otra cosa que no sea, sancionar conforme corresponda.
La credibilidad de un gobierno, en cualquiera de sus niveles, radica en gran medida en su capacidad de cumplimiento de su tarea primaria; la aplicación de la ley, y por lo tanto sancionar las actividades que se realicen en prejuicio de la población, sea uno, sean varios o sean todos.
El hombre o la mujer que no comprende que el servicio público, es una oportunidad para servir a los demás, y que dicha tarea debe apoyarse de la amabilidad, la honestidad, la transparencia entre otras cualidades, debiera ser impedido para pisar una oficina o realizar una tarea burocrática, pues para hacerse rico, para beneficios personales, o tener una conducta indebida, jamás estará hecha ninguna función pública.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no habría en su gobierno, persecución, e incluso en campaña, habló del perdón, y de una “República amorosa”, pero éstas palabras se han esfumado, como muchas otras de sus declaraciones, ciertamente. Pero lo que sí es aceptable es que, primero, el ejecutivo, respete la división de los poderes, permita que cada área ejecute lo que a sus funciones corresponda, además de que sepa escuchar y en la marcha ir mejorando el ejercicio de gobierno.
El Presidente, debe ser más cuidadoso en la entrega de recursos, debería pedir a su equipo de trabajo que deje de ver los programas de asistencia social, como instrumento político, debe evitar que le condecoren como sucedió con Ana Gabriela Guevara, con títulos o preseas que además de ser inmerecidas, son autocomplacencias, y se debe seguir con los procesos legales y administrativos contra los malos funcionarios, incluyendo a los gobernadores y gobernadoras que omiten hacer bien su trabajo y con ello permiten que impere la injusticia y la ilegalidad, pues la ley se debe aplicar parejo, caiga quien caiga, y pague quien deba hacerlo.
