Acuerdan Semarnat y Consejo Nacional Agropecuario mesa de trabajo en torno al glifosato

-Se reunieron Víctor M. Toledo, Bosco de la Vega y Javier Trujillo, acompañados de sus equipos de trabajo, para exponer sus posturas y preocupaciones.

-Propusieron intercambiar información y elaborar un programa de actividades conjuntas para llegar a acuerdos concretos.

-Se buscará un modelo que permita el desarrollo sostenible de la agricultura, que atienda el contexto económico y las necesidades de tener alimento para todos lo mexicanos.

El pasado 12 de junio, acompañados por sus equipos de trabajo, se reunieron de manera virtual el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor M. Toledo, el Director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentarioa (Senasica), Javier Trujillo y el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, para exponer sus posturas y preocupaciones con respecto al uso de glifosato en nuestro país.

Durante el acercamiento resaltaron varias coincidencias, entre ellas la voluntad de trabajar juntos en la búsqueda de alternativas que sustituyan el uso de plaguicidas y en el manejo sostenible de la producción agrícola.

Se acordó la conformación de un grupo de trabajo entre Semarnat, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el CNA para hacer un plan que incorpore las necesidades de los productores y las propuestas del Consejo para tratar de llegar a acuerdos concretos.

En principio, plantearon intercambiar información sobre investigaciones, usos, impactos, experiencias, gestiones y demás aspectos del glifosato para contar con más conocimiento y sumarlo a lo expuesto en la “Estrategia Nacional para Evitar los Riesgos al Ambiente por los Plaguicidas en México”, la cual surgió de un taller convocado por la Semarnat en marzo de este año con la participación de todos los sectores de la sociedad.

El secretario Toledo Manzur reconoció que el CNA es un sector bien organizado que juega un papel importante en la economía del país, por lo que celebró su apertura e interés para dialogar y trabajar de manera coordinada.

Dijo que el glifosato sólo es un caso particular de “80 plaguicidas que en México pasaron de noche para su regulación por parte de las autoridades ambientales, de los cuales varios están prohibidos en el resto del mundo”.

Explicó que este tema está ligado a una de las siete grandes transiciones que impulsa la Semarnat: la reconversión del modelo agroindustrial a un sistema agroecológico, a partir de una secuencia gradual para ir caminando hacia la supresión total de plaguicidas.

Al respecto, Bosco de la Vega señaló que los productores están intersados y comprometidos con el cuidado de la salud y de sus tierras, y también hizo énfasis en que “prohibir el glifosato sería un duro golpe para los productores de este país. El rendimiento promedio de los cultivos en nuestra experiencia, dependiendo de la zona, está entre el 20 y 50 por ciento. La FAO reconoce el impacto de las malezas como un problema y señala que las pérdidas anuales causadas por malezas al año en países en desarrollo se estima en 125 millones de toneladas de alimento, suficientes para alimentar a 250 millones de personas.”

Bosco de la Vega agradeció la oportunidad de este diálogo y reiteró la voluntad del CNA de sumar esfuerzos con la Semarnat y con el gobierno del Presidente López Obrador, como lo manifestaron en la firma del Acuerdo Nacional para la Autosuficiencia Alimentaria en febrero de 2019 y en el proyecto que reúne a la 4T con la iniciativa privada centrado en los pequeños agricultores.

Propuso la conformación de una mesa de trabajo tripartita: gobierno, academia y sector agrícola para la revisión profunda del uso del glifosato en México, solicitó un periodo de cinco años para realizar las investigaciones y el desarrollo de sustitutos viables, y que durante este tiempo se permita la reanudación de la importación del glifosato para el uso agrícola en el país.

Señaló que el 50% del glifosato se utiliza en el sur Sureste y que la prohibición de su uso sin alternativas implicaría dejar de producir más de 76 mil millones de pesos, teniendo mayor impacto en varios cultivos como el maíz, caña de azúcar, jitomate, frijol y trigo, entre otros.

Víctor M. Toledo dejó en claro que no habrá ningún acto de autoritarismo y será importante contar con información fidedigna sobre la evaluación de riesgo de este herbicida en nuestro país, incluyendo la dimensión geográfica, regiones, territorios, pero también cultivo por cultivo.

Dijo que en esta administración las políticas públicas se sustentan en información actualizada y de alta calidad y en el caso del glifosato se trabaja de manera transversal porque incide en las competencias de otras secretarías. De ahí que forma parte del trabajo que desarrolla el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), en el que participan varias dependencias federales e instituciones, las cuales aportan información técnica y científica para una mejor toma de decisiones a favor de una alimentación sana para la población.

Aseguró que la Secretaría tomará en consideración las aportaciones del Consejo Nacional Agropecuario, y que se le integrará al grupo de trabajo que realizará la hoja de ruta que se elabora conjuntamente con Sader, la cual prevé la aplicación del principio de gradualidad en el uso del glifosato a cuatro años y la evaluación de riesgo en el contexto mexicano.

Asimismo, se estableció generar un programa de actividades conjuntas, con la idea de que, en dos semanas, se llegue a acuerdos concretos.

Bosco de la Vega invitó al titular de la Semarnat a visitar los diferentes tipos de cultivos que tiene el CNA para mostrar que procuran un equilibrio entre el cuidado de la salud, el medio ambiente y la competitividad.

En cuanto a la suspensión de la importación del glifosato, la Semarnat explicó que se actuó con base en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las evidencias científicas sobre su aplicación.

Se estableció el compromiso de revisar la situación y fijar cuotas de importación para un periodo de transición hasta llegar a la sustitución, a partir de un estudio que determine las necesidades de uso en la producción y de acuerdo con la hoja de ruta a cuatro años para su eliminación en la agricultura del país.