#Morelia | Presenta Tere Herrera iniciativa para prohibir el castigo corporal en Michoacán
#Morelia | Presenta Tere Herrera iniciativa para prohibir el castigo corporal en Michoacán
– El maltrato y la violencia como método de corrección, no educa.
Morelia. Nuch., 16 de febrero de 2026.- El castigo corporal nunca será un método de corrección, ni de educación para los niños y jóvenes, enfatizó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, al presentar una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, con la finalidad de prohibir el castigo corporal y humillante, y establecer obligaciones claras para las autoridades estatales y municipales en materia de prevención, atención y erradicación de estas prácticas.
“Las niñas y los niños deben vivir en condiciones dignas, rodeados de amor, cuidados, protección y en un ambiente de respeto. Ese no es solo un anhelo moral; es un mandato constitucional y una obligación ética que como Estado se debe garantizar. En muchas ocasiones, el entorno en el que se desarrollan nuestras niñas y niños está marcado por golpes, maltrato, amenazas y prácticas que
los dejan fuera del amparo y la protección que deberían recibir de quienes más tendrían que cuidarlos”.
Herrera Maldonado aseveró que perpetuar el ciclo de violencia tiene consecuencias profundas en el desarrollo infantil, que pueden reflejarse con el paso de los años en problemas de ansiedad, baja autoestima, inseguridad y conductas agresivas.
“Si queremos una sociedad sana, con adultos mental y emocionalmente fuertes, debemos asumir el compromiso de proteger a nuestras niñas y niños, de propiciar entornos adecuados para su desarrollo y de brindarles herramientas para que vivan en condiciones verdaderamente dignas”.
Tere Herrera detalló que esta iniciativa contempla fortalecer las obligaciones de las autoridades para implementar acciones de prevención, capacitación y sensibilización dirigidas a madres, padres, personas cuidadoras, docentes y servidores públicos, con el fin de erradicar prácticas que vulneren la integridad física y emocional de la niñez.
