¿Tercer? Informe: algunas oportunidades y riesgos

Escribo esta columna con la firme intención de ser lo más objetivo posible, consciente de la responsabilidad que implica publicarla y distribuirla ampliamente.

Lo hago también con genuina intención de ser propositivo, aunque reconozco, después de leer muchas editoriales esta semana, que no dejo de sentirme «anticlimático» adoptando una posición que busca encontrar alternativas para el éxito de este Gobierno. Me sorprende (y es el primer riesgo que quiero destacar) la coincidencia de juicios negativos que prácticamente niegan a AMLO cualquier posibilidad de éxito. Y conste que no creo que la mayoría de aquellos a quienes he leído, puedan encasillarse en la categoría de detractores «moralmente derrotados».

Me parece que este «tercer» informe (a menos de que se trate de un afán por destacar una voluntad decidida de cambio con respecto a todo lo anterior, no acabo de entender las razones para llamarlo así) de Andrés Manuel López Obrador representa una buena oportunidad para realizar un balance sobre los aciertos y yerros de su gestión y los problemas que se han derivado de los cambios que ha introducido. Pero principalmente, me interesa tratar de identificar las oportunidades que se le presentan, así como los riesgos que vislumbro, aventurando algunas ideas sobre lo que se puede hacer para aprovechar las primeras y reducir o eliminar los segundos.

Coincido con quienes (muchos de los que he leído) han señalado como algo muy positivo el manejo político del mandatario, quien, gracias a una natural habilidad para comunicar y hablar el lenguaje de la gente, ha mantenido una gran popularidad y elevados porcentajes de aprobación. Respecto de este innegable logro, creo que se presenta una gran oportunidad de consolidar un verdadero liderazgo, puliendo y cuidando más los ejercicios comunicativos.

Esto depende de un mayor respaldo en datos duros comprobables que acrediten lo que se comunica, involucrando más activamente a su gabinete y a terceros interesados en los temas. No hacerlo, a mi manera de ver, encierra el grave riesgo de que esta capacidad sea un búmeran que golpee duramente al Gobierno. Se insiste en el hecho de que muchos de los datos (sus otros datos) manejados por el Presidente son falsos, inexactos o imposibles de verificar. Si esto llega a acreditarse fehacientemente, este valioso (e inédito en el mundo) ejercicio de comunicación, corre el riesgo de hacer agua.

Por otra parte, se le reconoce lo que a mi parecer es el principal logro hasta ahora, consistente en haber podido colocar en el ánimo y la conciencia de la mayoría de la gente, la urgente necesidad de atender los problemas que afectan a los más desfavorecidos y en este sentido, introducir políticas públicas, con estrategias y acciones concretas, para reducir la pobreza y la desigualdad.

Creo que la gran oportunidad en este aspecto radica en que estas políticas se orienten, sin clientelismos políticos, a quienes verdaderamente lo necesitan y establezcan requisitos que permitan acreditar su efecto de fondo (algo así como las transferencias monetarias condicionadas, que corresponsabilicen a los beneficiarios a que lleven a cabo acciones que les permitan progresar y justifiquen el apoyo gubernamental). Soy un convencido de que las transferencias monetarias directas son la única forma efectiva de reducir, prácticamente de inmediato, niveles de carencias propias de la pobreza extrema. El gran riesgo en este tema radica en caer en prácticas populistas, y en falta de transparencia y control, dando lugar a abusos y simulaciones.

Otro aspecto que parece ser bien apreciado por todos es haber adoptado medidas para desmantelar la red de privilegios de que disfrutaban los funcionarios públicos en cuanto a seguridad personal, aviones, helicópteros privados, y otros lujos, lo que ha respondido, sin duda, a algo que desde mucho tiempo atrás es un clamor popular.

Ahora bien, para que estas decisiones revistan una mayor trascendencia más allá de su «efectismo», creo que es momento de iniciar un proceso para redefinir lo que debe caracterizar al servicio público, reconociendo la entrega de los verdaderos servidores públicos, asegurándoles una remuneración y prestaciones competitivas. No veo porqué la honrosa medianía deba traducirse en malos tratos y vejaciones, o en una mala imagen sólo por ser trabajador del Gobierno. Me consta que hay gente muy valiosa y perderla representa un gran riesgo (como ya se ha visto) para la efectividad y eficacia de la gestión gubernamental.

Sin lugar a duda, el combate a la corrupción y la impunidad representa algo muy valorado por la gente, especialmente por el hecho de que se produce desde las más altas esferas de poder, y con la participación de una Fiscalía autónoma, encabezada por alguien como Gertz Manero, que se distingue por su solvencia moral y profesional. A mi manera de ver, esta voluntad de actuar a fondo en el tema representa una gran oportunidad para el régimen, sólo en la medida en que se traduzca en leyes y en procedimientos que garanticen transparencia e imparcialidad. El mayor riesgo que se percibe, sin embargo, es que esta lucha contra la corrupción sea selectiva, afectando sólo a quienes son ajenos a la 4T y, más grave todavía, que responda a una agenda de revancha en contra de enemigos o adversarios políticos o críticos del Gobierno.

Hasta ahora, este esfuerzo por combatir la corrupción no ha estado acompañado por la transparencia en los programas y las compras de Gobierno. Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción han publicado información que sugiere confusión y probables malos manejos en el ­desempeño del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Dicha ONG también reporta que 78% de las compras públicas se ha realizado por adjudicación directa.

Sin lugar a duda, el principal reto que enfrenta este Gobierno es el de la Seguridad Pública. En este caso, la creación de la Guardia Nacional dio un marco legal para la actuación de fuerzas militarizadas en el combate a la violencia. Ésta es una situación que se había prolongado sin marco legal desde la decisión de utilizar al Ejército en labores de seguridad. La Guardia tendrá un mando civil (si bien operará en sus primeros cinco años con mando militar) que combina las habilidades del Ejército, la Marina y la Policía Federal; hoy cuenta con 58 mil elementos. Sin embargo, hasta ahora parece que no está clara una estrategia general y da la impresión de que el Estado ha sido rebasado por los grupos criminales. Si no hay un replanteamiento de fondo, veo un grave riesgo, para todo el proyecto político de la 4 T.

El tema de la política energética se ha venido constituyendo en un talón de Aquiles, en lo económico, de la administración federal. Celebro la reconsideración en cuanto al tema relacionado con los gasoductos y espero que sirva para otras urgentes reconsideraciones. Reactivar Pemex representa un proyecto ambicioso para garantizar la sostenibilidad de la renta petrolera en el largo plazo. Sin embargo, el Plan de Negocios de la empresa, a juicio de analistas especializados, presenta serias deficiencias que podrían desembocar en una reducción de la calificación crediticia de la empresa, lo que nos puede llevar a un verdadero despeñadero financiero que nadie quiere.

Creo que el Gobierno aún está a tiempo de rectificar y reorientar acciones y estrategias. Y creo también que el presidente López Obrador debiera hacer una seria reflexión en la que considere que muchos de los señalamientos críticos que se hacen tienen razón y debieran ser atendidos. Acabo de escucharle decir que considera que los intelectuales tienen un importante papel que jugar en esta llamada cuarta transformación. Ése es un cambio de actitud que se aplaude. Ojalá sigan muchos más.