¿Llegaría la hora de la renta básica universal?

En su columna «Bienestar en efectivo» publicada el pasado lunes en el diario Reforma, el destacado poeta y ensayista Gabriel Zaid, ha traído de nueva cuenta a mi mente el tema de la Renta Básica Universal, como una solución interesante al problema de la pobreza en países como el nuestro. Creo que resulta oportuno, ante los programas de transferencias monetarias que ha instaurado este Gobierno, no perder de vista experiencias similares que se llevan (o se han llevado) a cabo en otras latitudes.

Y en ese orden de ideas inicio por presentar el caso de la ciudad de Stockton, que se convirtió en 2012 en la ciudad más grande en declararse en bancarrota y suspender el pago de la deuda local. Esta ciudad se encuentra a hora y media de Silicon Valley, pero 15% de sus habitantes se sitúan por debajo del nivel de pobreza, con una tasa de desempleo de 20%. En esta ciudad se implementa un experimento de renta básica llamado Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED) financiado por el Economic Security Project, el think tank de Chris Hughes, cofundador de Facebook, que estudia y promueve iniciativas de transferencias de efectivo.

El programa, implementado en febrero de este año, asigna 500 dólares mediante una tarjeta a 125 ciudadanos. Estos ciudadanos se seleccionaron entre quienes ganan menos que el ingreso medio de Stockton, pero la transferencia carece de condiciones de gasto. El proyecto durará 18 meses, tras los cuáles se medirá el impacto. La idea de otorgar una renta básica de 500 dólares se basa en el hecho de que 40% de los ciudadanos estadunidenses son incapaces de costear 400 dólares en gastos de emergencia.

El Economic Security Project, fundado en 2016, estudia cómo la renta básica universal puede ser una solución a la pérdida de trabajo derivada de la automatización y la inteligencia artificial. Las ganancias en productividad derivadas de estas mismas tecnologías son las que financiarían proyectos de renta básica universal. Estas trasferencias por productividad no son nuevas; en Alaska, cada residente recibe una transferencia de los ingresos por venta de crudo desde 1982. Y contrario a lo que podría suponerse, esta transferencia no ha disminuido el número de trabajadores en el mercado laboral.

El think tank detecta algo que el libro de Rutger Bregman, Utopía para Realistas» (cuya lectura recomiendo ampliamente), había señalado. Las ganancias derivadas de las nuevas tecnologías están creando un mundo más desigual para los trabajadores (como la brecha entre Silicon Valley y Stockton), pero es posible distribuir esta nueva riqueza transfiriendo recursos a los ciudadanos. La mejor transferencia, según el think tank, ha demostrado ser una asignación no condicionada, otorgando a los individuos la libertad sobre cómo disponer de ella.

Los beneficiarios han utilizado el dinero para pagar por servicios básicos como agua, luz y teléfono, otros los han usado para obtener una mejor educación o mejorar la de sus hijos. También, personas que han tenido periodos prolongados de gastos de salud han usado el dinero como una forma de seguro. Las erogaciones que realizan los individuos suelen estar relacionadas con salud y educación, las cuales los preparan para un futuro en el que tienen que enfrentar los nuevos retos de la automatización. Esto es especialmente relevante en comunidades como Stockton, donde sólo 35% de sus estudiantes accede a una educación universitaria.

Por otro lado, Finlandia condujo el experimento de renta básica a nivel nacional más ambicioso con una duración de dos años, a partir del 1 de enero de 2017. La Institución del Seguro Social de Finlandia (Kela) buscaba rediseñar el sistema finlandés de seguridad social en respuesta a un mercado laboral que envejece. Una muestra de 2,000 personas ­desempleadas entre 25 y 58 años de edad recibió un pago mensual de 560 euros sin condiciones. Los resultados revelaron un impacto positivo en el bienestar autoreportado y la reducción en burocracia, y, al mismo tiempo, un impacto no significativo en el empleo.

Otra de las iniciativas que ha sido exitosa es la de la ciudad de Barcelona, la cual lanzó un programa de renta básica llamado B-MINCOME con transferencias condicionadas en las zonas urbanas desfavorecidas en 2017. El programa otorga una transferencia de 1,675 euros por mes. La mitad del grupo de prueba recibió capacitación para el empleo y el emprendimiento. Como resultado, el Ayuntamiento observó una mejora de 11% en el bienestar subjetivo, un aumento del 1.4% en el bienestar económico y una reducción de hasta el 18% en «preocuparse por no tener suficiente comida», pero hasta el momento sólo se ha evaluado un año del programa.

Sin embargo, uno de los experimentos fallidos ocurrió en el programa lanzado por Ontario en 2017. En éste, se realizaba una transferencia anual de 16 mil 989 dólares canadienses para individuos solteros y 24 mil 027 dólares para parejas. La sostenibilidad financiera del proyecto no fue posible en el segundo año, ya que los recursos del programa dependían de la bolsa común de todos los impuestos. Las críticas a esta iniciativa de Ontario señalan que la renta básica debe provenir de las ganancias de una actividad productiva (como la tecnología o el petróleo en Alaska), más que de una transferencia general.

Gabriel Zaid, en su columna «Bienestar en efectivo», señala que en el contexto de austeridad de esta administración y tras iniciativas como el Censo del Bienestar, es útil recordar la idea de un impuesto negativo de Milton Friedman. A partir de cierto nivel de ingreso de los individuos, los impuestos que se cobrarían ya no serían positivos, sino que se otorgaría un subsidio. Si bien Zaid recupera esta idea, su propuesta más bien va en el sentido de distribuir una renta general.

Ésta es una idea similar a la renta básica, donde una transferencia se otorga sin condiciones, en la expectativa de que los ciudadanos tomen decisiones para invertir o mejorar su gasto en educación y salud con este ingreso y puedan hacerse de los elementos necesarios para emprender alguna actividad productiva sencilla. Coincido totalmente con lo que señala en cuanto a que un padrón estigmatiza a los beneficiarios y genera grandes costos burocráticos. Aplicarlo en forma general, generaría ahorros en una administración más simple de estas transferencias.