Atención integral a víctimas de violencia deben garantizar los Centros de Justicia pa r a Mujeres: Gloria Tapia
-Ahora los estados deben crear, operar y fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, conforme al Modelo de Gestión Operativa que emita la Segob
Los Centros de Justicia para Mujeres, deben garantizar una atención integral a las víctimas de violencia, siendo un puente que les permita un acceso real y efectivo a una vida libre de violencia, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zitácuaro, apuntó que la aprobación de las reformas que este viernes, el Senado de la República realizó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obliga a las entidades federativas a actuar al respecto.
Recordó que ahora los estados deberán crear, operar y fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, conforme al Modelo de Gestión Operativa que para tal efecto emita la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual se encargará también de certificar a los centros y de integrar administrar y operar el Banco Nacional de Datos e Información de Casos de Violencia contra las Mujeres.
“Hemos visto avances legislativos en materia de protección y atención a mujeres víctimas de violencia, el problema es que todos estos cambios normativos parecen no permear en la realidad que miles de mexicanas enfrentan día a día”.
Apuntó que para dar cumplimiento cabal a la reforma aprobada por el Senado, el Congreso del Estado deberá vigilar que dentro del Presupuesto de Egresos del Estado para el 2021, existan partidas específicas para garantizar el funcionamiento de los Centros.
En este sentido Gloria Tapia señaló que conforme a la nueva reforma en los Centros deberán de brindar sus servicios las secretarías de gobierno, seguridad, salud, trabajo, educación, desarrollo social o económico, DIF, institutos de mujeres, comisión de atención a víctimas, procuradurías de niñas, niños y adolescentes, defensoría jurídica, institutos de pueblos indígenas y consejos para la discapacidad, o sus homólogas en las entidades.
