En apelación PGJE logra aumento de pena, de 15 a 37 años, a violador de 2 menores

-Magistrado incrementó de 15 a 37 los años en prisión para el acusado; la Procuraduría garantiza acceso de justicia a la niñez michoacana.

Zacapu, Michoacán., a 19 de junio del 2017.- Mediante recurso de apelación, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) obtuvo la modificación de sentencia de 15 a 37 años de prisión contra una persona del sexo masculino responsable de los delitos de violación en agravio de dos menores.
El pasado 8 de marzo, el juez de primera instancia del Distrito Judicial de Zacapu dictó sentencia de 15 años de prisión en contra de Jorge O., al acreditarse plenamente que durante dos años abusó sexualmente de dos hermanas menores de edad.
Asimismo, se estableció que el ahora detenido amenazó a sus víctimas para que no lo denunciaran ante sus familiares, ya que de lo contrario las golpearía o privaría de la vida a sus padres y hermanos.
Tiempo después, las víctimas decidieron platicar lo ocurrido a su mamá, por lo que de manera inmediata denunciaron los hechos ante la agencia del Ministerio Público, donde se integró la Averiguación Previa y se ejerció acción penal en contra de acusado, quien fue detenido y presentado ante el órgano jurisdicción, que al concluir el proceso penal resolvió dictar una pena condenatoria de 15 años y seis meses de prisión, además del pago de la reparación del daño, cuantificable y exigible en la ejecución de sentencia.
Dicha pena fue apelada por el sentenciado, su defensor y el Ministerio Público, éste último por considerar que la resolución era baja, pese a la gravedad del delito debidamente acreditado en el proceso.
Una vez que el magistrado estudió la resolución de primera instancia, determinó que resultaron fundados los agravios formulados por la Fiscalía, por lo que se dejaron insubsistentes y sin efecto alguno las penas impuestas para ahora condenar al acusado a una pena de 37 años y seis meses de prisión.
Con estas acciones, la PGJE de Michoacán ratifica su compromiso de garantizar la aplicación de la ley para que los delitos cometidos contra la niñez sean sancionados conforme a derecho y cerrar paso a la impunidad.