Corte de EU podría sentenciar a 4 jóvenes mexicanas por alimentar a migrantes

Zaachila Isabel Orozco McCormick, una de las jóvenes acusadas, tiene ahora 21 años. Es mitad mexicana, de origen zapoteco, y mitad estadounidense.

Cuando Donald Trump tomó el poder en Estados Unidos (EU) y dijo que terminaría con la inmigración ilegal por ser una “amenaza” a la economía y la seguridad nacional, Zaachila avisó a su familia que dejaría su ciudad, cerca de Canadá, y que iría a colaborar hasta Arizona con “No Más Muertes” (No More Deaths), una organización civil que ayuda a personas migrantes.

Entonces tenía 19 años y recién había llegado de Juchitán, Oaxaca, donde vivió por 24 meses. Ahí pudo observar de cerca las circunstancias que orillan a las personas a abandonar su país. Se estima que 2009 a 2014, al menos 28 mil 245 personas oaxaqueñas se desplazaron hacia EU por pobreza, falta de oportunidades, despojo de territorio o violencia, según datos del Senado de la República.

Cuando Zaachila regresó a EU y escuchó los planes de Donald Trump, ella “sentía que le urgía responder de alguna manera y prestar un servicio. Investigó varios programas, diferentes opciones que había, pero le llamaba mucho la atención llegar a la zona fronteriza (…) no lo pensó dos veces, no pidió permiso”, relató en entrevista telefónica desde EU su madre, María Orozco.

La urgencia de Zaachila era congruente con el crecimiento acelerado de las políticas de control migratorio. En 2016, Barack Obama -que prometió un programa para “regular” las condiciones de esta población- deportó a más de 37 mil personas; sin embargo, los arrestos, procesos y deportaciones empezaron desde los gobiernos de Bill Clinton y George Bush; y a cinco días de llegar a la Casa Blanca, Trump firmó dos órdenes ejecutivas para que las autoridades migratorias “aseguraran” la frontera y construyeran “de inmediato” un muro, de acuerdo con el informe La Política Migratoria de Trump, también del Senado.

Zaachila se capacitó, se informó sobre las leyes, los riesgos que implicaba, trabajó y realizó varias tareas de ayuda humanitaria, como comprar comida, recibir donaciones, empaquetar, y otras, una de ellas fue por la que este viernes se enfrentará a la Corte.

EL DESIERTO

En agosto de 2017, las cuatro jóvenes cargaron un vehículo con comida y agua -como habían hecho antes- para llevar al “Refugio de Vida Silvestre”, ubicado en una parte desértica en la frontera en Arizona por donde aún cruzan personas migrantes.

Luego del reciente reforzamiento del control migratorio, ese Refugio es uno de los pocos puntos por los que aún pasan quienes que no traen documentos. Sin embargo, también tiene las peores condiciones climáticas en toda la línea fronteriza. Su tierra árida, accidentada y de temperaturas extremas, disminuyen las posibilidades de que quienes cruzan por ahí tengan éxito. Al menos 155 personas migrantes murieron entre 2001 y 2019 al intentar pasar por ese refugio, según datos de la organización “No More Death”.

Conscientes de ese contexto, las jóvenes decidieron ir, pero a llegar les dijeron que las normas habían cambiado: ahora tenían que firmar un permiso en el que se comprometían, en otras palabras, a no dejar comida para las y los migrantes. El documento no decía qué tipo de castigo tendrían por incumplirlo.

A sabiendas de que de todas formas violarían el permiso, las cuatro mujeres decidieron no firmar. Entraron en territorio federal, se bajaron de la camioneta cada quien con su mochila y descargaron lo que pudieron de galones de agua y comida. Enseguida se les acercó un policía, les pidió que salieran del Refugio, las siguió hasta la salida, les pidió sus identificaciones y luego las dejó ir.

Cinco meses después, recibieron un citatorio por parte de la Corte Federal de Tucson, Arizona. A Zaachila, y otras dos de sus compañeras, se les acusó de dos cargos: haber entrado al Refugio sin permiso y haber “abandonado propiedad”; es decir, haber dejado la comida y el agua para las y los migrantes. A una de las cuatro jóvenes se le acusó además de haber conducido un vehículo en esa zona federal.

Todas cargan con el agravante de haber dañado el ecosistema en esa reserva que, de acuerdo con el Relator para el Medio Ambiente y Derechos Humanos de la ONU, Jhon Knox, quedaría devastada medioambientalmente sí Donald Trump construye su muro, además de que por años fue un campo de entrenamiento militar.

Cada delito por el que se les acusa a las jóvenes se castiga, como mínimo, con seis meses de prisión y el pago de 500 -aún la familia no lo tiene claro si cientos o miles- de dólares.

SU DEFENSA

Ninguna de las cuatro mujeres niega los hechos o haber participado en ellos. Al contrario, asumen que entraron al desierto, que no firmaron ningún permiso y que intencionalmente dejaron comida y agua.

Sin embargo, su mayor defensa es que actuaron bajo el respaldo de su derecho a defender y que están amparadas por las leyes internacionales de ayuda humanitaria. Aseguran que dejar agua en una de las zonas más calurosas de norteamérica para salvar la vida de las personas no debería ser un crimen y que, ante la situación que padecen quienes cruzan por esa parte de la frontera, ellas no tenían otra opción.

Este argumento, aseguró María, cobra relevancia en el contexto actual en el que EU ha insistido en que se le permita entregar ayuda humanitaria a Venezuela, pero “¿no quiere que se deje esa misma ayuda en su propia frontera?”, cuestionó la madre de la joven.

“Hay mucha gente aquí que cree que la ayuda humanitaria es un derecho de todos y que ese trabajo va a seguir. Las crisis verdaderas son los problemas que ya trae el presidente. El mismo presidente Trump en estos días ha estado dando ayuda humanitaria a Venezuela; sin embargo, la idea de que haya ayuda humanitaria en su propia frontera con México no le gusta. Hay hipocresía entre esas dos ideas”, reflexionó María.

La madre de Zaachila también consideró que el castigo para su hija es exagerado y tiene la finalidad de intimidar a otras personas que ayudan a migrantes: “Yo creo que todo eso es intencional para poder reforzar la idea del presidente Trump de que hay una crisis en la frontera. No le agrada al gobierno que exista una ayuda humanitaria y en un momento determinado decidió militarizar la frontera, quiere ya tener motivo para poder justificar el muro. De hecho hay menos migrantes cruzando hoy en día que hace dos años pero es para intimidar a la ayuda humanitaria, intimidar a los grupos que hay por todos lados de la frontera Texas, Nuevo México, Arizona, California. (Trump) ha empujado a los migrantes, obligados a cruzar en esa parte del desierto porque a sabiendas de que es tan peligroso”.

En efecto, con su orden ejecutiva 13768, Trump estableció castigos financieros para las llamadas ciudades santuarios, espacios que brindan refugio a personas migrantes y -bajo el amparo de distintas leyes locales- impiden el ingreso de las autoridades.

Luego de varias audiencias preliminares, el pasado 17 de enero la Corte en Tucson, a cargo del juez Bernardo Velasco, les dio un primer veredicto en el que declaró a las cuatro jóvenes culpables de todos los cargos; sin embargo, será este viernes primero de marzo cuando se dicte la sentencia.

La familia de Zaachila aún espera que el juez retire los cargos en su contra, tal como hizo apenas con otras dos mujeres y hombres que fueron detenidos en circunstancias similares.

Cualquiera que sea el caso, María enfatizó: “mi hija es la menor de las 4, mi hija tiene 21 años. Para nosotros ha sido, primeramente le diría la verdad, un orgullo, un gran orgullo ver que ella se ha comprometido al trabajo pero también a seguir la lucha hasta la Corte. Claro que hemos tenido gasto para los boletos, para llegar hasta aquí, gasto del tiempo que nos hemos tomado, pero nada se compara con el estrés emocional ni la incertidumbre. Mi hija no ha trabajado desde enero, básicamente se ha comprometido con el caso y sin saber cuál será su futuro más allá del viernes. Ha puesto su vida en pausa”.

En solidaridad con Zaachila, familiares y personas amigas de las jóvenes convocaron este primero a un mitin a las tres de la tarde en el Ángel de la Independencia en México, en la ciudad de Oaxaca y en diferentes ciudades de EU. Además, enviaron una carta abierta a Andrés Manuel López Obrador para que interceda por las jóvenes, pero ni el mandatario federal ni su cuerpo diplomático se ha pronunciado aún por este caso.