Presenta El Poder del Consumidor pruebas de la intromisión de la industria en la política pública contra la obesidad en #México y el mundo
El documento expone que por varios sexenios el gobierno mexicano ha actuado en contubernio con las grandes corporaciones de alimentos y bebidas.
- La investigación confirma el uso de tácticas similares a las de la industria del tabaco para bloquear medidas contra la obesidad.
- Se necesita trascender la simulación y formular una verdadera política integral contra la obesidad libre de conflictos de interés.
El Poder del Consumidor presentó el documento “La trama oculta de la epidemia: obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés” que narra las diversas estrategias de la industria de bebidas y alimentos en México y en el mundo para bloquear políticas públicas que buscan prevenir y controlar el problema de la obesidad y sus consecuencias.
Este documento se presenta en un contexto en el que más del 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, al igual que más de un tercio de los niños y adolescentes.
La situación es preocupante, ya que pone en riesgo la viabilidad del país, no sólo por lo que le cuesta en términos financieros, sino también por un descenso en la productividad de las próximas generaciones.
Los autores del documento, Agata Székely y Alejandro Calvillo, realizan un recorrido periodístico sobre casos internacionales que muestran las estrategias de la industria de alimentos y bebidas, similares a las que ha utilizado la industria del tabaco contra la salud pública.
Ahondan también en el caso mexicano, en el que el contubernio entre instituciones y funcionarios con las grandes corporaciones de alimentos y bebidas está sacrificando la salud de la población que sufre las declaradas emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes.
Se describen hechos ocurridos desde sexenios anteriores que ilustran este contubernio entre el gobierno y el sector privado en detrimento de la salud pública.
Destaca que durante la administración que está a punto de concluir, las instancias responsables de las regulaciones que podrían mitigar la obesidad, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), bloquearon totalmente a los institutos nacionales de salud en la elaboración de dichas medidas.
Documentos obtenidos por acceso a la información muestran que regulaciones fundamentales, como el etiquetado frontal en los productos y la regulación de la publicidad dirigida a la infancia, fueron formuladas por la Cofepris sin el establecimiento de grupos de trabajo, sin evaluar la comprensión del etiquetado en grupos focales como se esperaría en un proceso de formulación de política pública y sin la participación de los expertos.
Un estudio reciente, publicado en Londres, muestra que los representantes de las empresas reconocen haber participado en el diseño de estas regulaciones, mientras investigadores de los institutos y miembros de las organizaciones civiles declaran haber sido excluidos.
Por varias décadas en México se ha permitido la libre entrada, producción, comercialización y promoción masiva de productos alimenticios que dañan la salud —tal y como lo revela la ciencia— y por ello actualmente se vuelve necesario reducir su consumo y debe ser blanco de diversas regulaciones.
Estas medidas afectan los intereses de las grandes corporaciones, por lo cual han desarrollado complejas estrategias para bloquearlas, como pagar campañas sin sustento o desviar la atención a la actividad física como única causa de la obesidad.
En México no sólo se ha entregado el diseño de estas políticas a las grandes corporaciones, la propia evaluación de estas políticas también les fue entregada con la creación del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT).
Este organismo es dominado por las propias empresas reguladas, a través de sus cámaras representantes, organismos y asociaciones que financian.
Del OMENT fueron excluidos de origen los propios institutos de salud y la Academia Nacional de Medicina.
La investigación se extiende al caso del espionaje con el malware Pegasus contra un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el doctor Simón Barquera, así como al portavoz de la red ContraPESO, Luis Manuel Encarnación, y contra Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
El hecho ocurrió en un momento en el que se promovía el incremento al impuesto de bebidas azucaradas, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El caso se enlaza con el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto que había llegado al acuerdo, en conjunto con academia y gobierno, de establecer dos objetivos de la mesa de obesidad en el Plan de Acción 2016-2018: reformar el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, y establecer un marco normativo para evitar el conflicto de interés en todo el ciclo de la política contra la obesidad y la diabetes, desde el diseño hasta la evaluación. Lo cual no ocurrió.
El documento concluye con la demanda de establecer un proceso transparente de revisión y reelaboración de la política de prevención de la obesidad con la participación de los institutos y las academias, de expertos y organizaciones civiles libres de conflicto de interés.
Para finalizar, Alejandro Calvillo comentó: “Al momento hemos sido testigos de una Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes simulada, que retoma recomendaciones de organismos internacionales, pero en forma fraccionada y modificada para afectar en menor medida los intereses de la gran industria. Sin embargo, lo que no se visibiliza es que la salud pública y la viabilidad del país se ponen en riesgo por los intereses de unos cuantos.”
